La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, ha reforzado la estructura administrativa de su departamento con una reforma de su reglamento orgánico y funcional, que se salda con la creación de tres nuevos órganos funcionariales superiores, entre ellos, una nueva jefatura de servicio de procesos electorales. Justicia espera contar con una infraestructura mínima y permanente que se haga cargo de las competencias en materia electoral. En la propia orden se especifica que la actual estructura (prácticamente inexistente) se ha mostrado «insuficiente para el adecuado desarrollo de las competencias».
La conselleria cree necesario reforzar este departamento «dada la especial naturaleza, grado de responsabilidad e importancia que implica la gestión de dicha materia». Fuentes del citado departamento indicaron que la idea es contar con una jefatura de servicio, otra de unidad y dos personas funcionarias. Sólo en caso de convocatoria electoral se asignaría más personal a esta unidad.
El adelanto electoral es, en todo caso, un escenario que el jefe del Consell, Ximo Puig, ha descartado en varias ocasiones.
El servicio de procesos electorales tendrá asignadas varias funciones, entre ellas, el seguimiento de los procesos, la coordinación de la normativa específica y las relaciones con los órganos competentes de la Administración del Estado. También tendrá asignada la elaboración de análisis estadísticos, estudios comparativos y evaluación de procesos electorales y consultas populares. Además, podrá proponer técnicas que «optimicen el funcionamiento de las infraestructuras y medios ofimáticos destinados al seguimiento electoral» y se encargará de la gestión de las subvenciones a los partidos.
La pasada legislatura la conselleria de Bravo tuvo que afrontar en solitario toda la gestión relacionada con el adelanto electoral de 2019. Hasta ese año, las autonómicas se habían celebrado de forma conjunta con las municipales, por lo que existía una logística e infraestructura compartida con el Gobierno de España. Las elecciones ‘singularizadas’ pusieron en evidencia la ausencia de una unidad propia.
Por otro lado, y debido a «razones organizativas» Justicia crea dos nuevas unidades para afrontar la gestión de las infraestructuras. Así, crea la subdirección general de modernización que se haga cargo de los proyectos de digitalización y, dentro del área de la secretaria general administrativa, se crea un servicio para la contratación de infraestructuras judiciales. En total, tres nuevas plazas para altos funcionarios.
