El director de Política Lingüística del Consell, Rubén Trenzano, defendió ayer la veracidad de la carta de respuesta que remitió su departamento a la diputada del Partido Popular en las Corts, Eva Ortiz, en el juicio que se celebra contra él en la Audiencia de València, en el que sólo le acusa el PP por un presunto delito de falsedad de documento público.
«Cuando la firmé estaba convencido de que la carta era veraz y a día de hoy sigo pensando lo mismo porque mis técnicos me dicen que hubieran contestado con la misma carta porque es veraz», declaró ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia de València Rubén Trenzano. La Fiscalía considera que no hay delito, pero el PP, que ejerce la acusación popular, solicita seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por un presunto delito de falsedad en documento público.
Trenzano sólo aceptó responder a las preguntas de la Fiscalía, que considera que no hay delito, y a las de su abogada, Susana Boix. La defensa del director general solicitó como cuestión previa la nulidad del auto de apertura de juicio oral para «evitar un uso fraudulento de la acusación popular». Las magistradas decidieron celebrar el juicio y responder en la sentencia a esta cuestión.
El alto cargo declaró en castellano en esta ocasión, porque asegura que su declaración en el juzgado de Instrucción, que realizó en valenciano, se tergiversó al traducirla al castellano para incorporarla al sumario.
Sobre el fondo, Trenzano explicó que en su equipo sorprendió la carta remitida por Eva Ortiz porque «el cauce habitual para esta información era solicitarla a través de la Mesa de las Corts». Pero se decidió responder porque «no podemos esconder información».
El director general explicó que se revisaron los expedientes de concesión de subvenciones para la promoción del valenciano (por las ayudas a empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del jefe del Consell), «que la diputada también tenía en su poder», y a los técnicos «no les constó ninguna irregularidad».
Respecto a las «acciones de control a los subvencionados» habituales en este tipo de trámites, Trenzano defendió que «se hicieron antes de la carta de Ortiz». El alto cargo aclaró que las acciones de control no se referían a los planes de control, que sólo eran obligatorios a partir de 2017 tras un cambio legislativo, y que «tenían cuatro años de plazo para ejecutarse, hasta 2020», porque las subvenciones en entredicho son las relativas a los años 2015-2016.
Sobre la firma de la carta, Trenzano señaló que el contenido de esta estaba avalado por los técnicos, que fueron quienes hicieron las comprobaciones.
Un jefe de servicio de la dirección general ratificó la declaración de Trenzano en el sentido de que fueron los funcionarios quienes comprobaron la veracidad de los hechos que se afirmaban.
