El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha denunciado hoy “irregularidades” de la Fiscalía al no declarar menor de edad a un chico migrante que aportó su pasaporte, e insiste en que estas malas prácticas son “reiteradamente detectadas” en la administración. La respuesta de Marugán ha llegado a raíz de una denuncia presentada por la campaña CIEs NO en relación a Y.B, un chico migrante declarado mayor de edad pese a que presentó documentación que, según Marugán “acreditaba fuera de toda duda su minoría de edad”.
Y.B acudió a la Policía Nacional a finales de enero de 2020 manifestando que era menor y pidiendo protección a las autoridades. Como no llevaba consigo documentación, Fiscalía de Menores ordenó la realización de pruebas de determinación de la edad, según las cuales Y.B tenía 19 años. Once meses después el chico presentó un documento, su pasaporte, que acreditaba que era menor de edad.
Pese a esto, Fiscalía se negó a revisar el documento, alegando, por un lado irregularidades en la documentación, y segundo, incongruencias en las declaraciones del menor. Frente a esto, el Defensor denuncia “que la documentación aportada acreditaba fuera de toda duda su minoría de edad”, y por tanto es irrelevante el momento en que fuera presentada. Marugán reprocha, además de la falta de dominio del idioma del chico, “las irregularidades reiteradamente detectadas en la identificación y reseña de los presuntos menores, así como la asistencia letrada en numerosos casos que ha tenido conocimiento esta institución”.
Radiografía de la muñeca
Las pruebas de determinación de la edad “Greulich y Pyle”, consisten en una radiografía de la zona de la muñeca, y han sido criticadas en multitud de ocasiones por asociaciones y organismos internacionales debido a su poca fiabilidad. El margen de error puede ser mayor de 12 meses, lo que significa la diferencia entre la minoría de edad (poder ser tutelado en un centro de menores donde trabajadores sociales ayuden en la inclusión de la persona) o quedar en la calle en situación irregular. En el caso de Y.B, su pasaporte acreditaba tener poco más de 17 años, pero el resultado de las pruebas médicas arrojó que tenía una edad de 19. Actualmente se trata del procedimiento más común de determinación de la edad en jóvenes migrantes.
Pese a que, según asegura Fiscalía, hubo incongruencias en la primera declaración de Y.B, Marugán sentencia que notificará estas malas prácticas a Fiscalía General del Estado e incluirá el caso en el informe anual de mala praxis en la administración que presenta ante las Cortes Generales.
