Miembros de la Asociación Estatal de Profesorado Asociado de las Universidades Públicas se han reunido esta semana con representantes del Ministerio de Universidades y han conseguido el compromiso del departamento que dirige Manuel Castells de reservar, como mínimo, «el 15% de plazas para la estabilización». Esto se daría durante un período transitorio de cinco años, para que todas aquellas personas acreditadas a ayudante doctor que quieran seguir la carrera académica universitaria puedan hacerlo, explican.

Entre otros representantes, al encuentro —que califican como «cordial»— asistió la docente de la Universitat de València, Isabel de la Cruz, que es la presidenta de la plataforma Estatal. Como apuntan tras la reunión en la que no estuvo el ministro, el anteproyecto de ley de la conocida como LOSU contempla la creación de la figura de «contratado no doctor», para que el profesorado asociado que no cumpla los requisitos necesarios (doctorado y acreditación), pueda conseguirlos a través de un contrato de un máximo de cinco años y con un salario digno.

El alumnado, indignado

Por otro lado, el estudiantado también se ha reunido recientemente con el ministerio para hablar de la próxima ley, en concreto en una mesa de negociación mixta, en la que participaron la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas (Creup) y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (Ceune); además de los rectores (Crue), sindicatos, consejos sociales y comunidades autónomas.

Como critican los dos organismos estudiantiles, «el ministerio negoció y acordó el anteproyecto con la conferencia de rectores sin que se generase un debate real en el seno de las universidades». Por esto aseguran que hay un «amplio rechazo entre los universitarios». Eso sí, cabe recordar que tanto la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, como José Capilla de la Politècnica o José Manuel Pagán, de la Universidad Católica de València, han mostrado sus recelos al actual borrador de la ley.

Con todo, aseguran que el ministerio también ha mostrado su compromiso a por «seguir avanzando en las negociaciones» pues, además del alumnado, Ceune y Creup —presidida esta última por Andrea Paricio, estudiante de la UPV— el profesorado y el personal de administración y servicios también se oponen a la «Ley Castells».