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Puig reclama un nuevo pacto autonómico para modernizar España

Propone ante Feijóo, Mañueco y Page en La Toja una revisión de los acuerdos de 1981 con participación ahora de las comunidades

Puig, Page y Feijóo en el Foro La Toja

La base del modelo territorial español actual está en los pactos autonómicos firmados en 1981 por los principales grupos políticos en el Congreso de los Diputados y que darían lugar a la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa). En aquel momento, el secretario de Estado para las Autonomías era el valenciano Manuel Broseta, asesinado en 1992 por ETA. Cuarenta años después de aquel proceso de formación del Estado de las autonomías, el jefe del Consell, Ximo Puig, considera que es el momento de unos nuevos pactos autonómicos, con el fin de actualizar el modelo de España.

Fue la principal novedad de la participación esta tarde del president de la Generalitat en el Foro La Toja, donde ha intervenido en una mesa redonda con otros tres líderes territoriales, los populares Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y el socialista Emiliano García Page (La Mancha). Los tres defienden una posición contraria a la de Puig sobre financiación autonómica.

Más allá del dinero, el socialista valenciano ha abierto el foco sobre el modelo de país y el nuevo impulso descentralizador que considera que necesita. Una idea que ha reiterado en diversos foros, incluido alguno en Madrid. El argumento que ha expuesto en La Toja es que en los pactos de hace 40 años las autonomías estaban por hacer, sin estructura política ni administrativa en la mayoría de casos. Hoy el panorama es muy diferente. La pandemia ha revelado la realidad de un estado compuesto, donde los territorios ocupan un papel importante.

Entre otras cosas, dependen de ellos los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y atención social). Por ello, serían necesarios unos nuevos acuerdos refundacionales, ahora con una participación activa de los territorios, no solo de los grupos políticos.

Puig ha insistido en algunas otras de sus reivindicaciones territoriales: el efecto capitalidad de Madrid, su papel de aspiradora de recursos y la competencia desleal en materia de impuestos (dumping) que ejerce con respecto al resto de comunidades.

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