El colectivo de personas mayores demanda mayor protección ante los malos tratos. Es una realidad, dicen, y faltan herramientas para evitar la violencia física, especialmente en los entornos privados, allá donde los mayores están más desprotegidos. En la Comunitat Valenciana hay 1.060.000 personas con más de 65 años, lo que representa alrededor de un 20 % de la población total (4,97 millones de habitantes).

Varias personas expertas en intervención con ancianos, derechos humanos y judicatura se reunieron el martes en Madrid con motivos de la Jornada sobre prevención y sensibilización de los malos tratos y abusos a personas mayores, organizada por la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), donde se abordaron las políticas de actuación, detección y prevención del maltrato a las Personas Mayores desde una perspectiva multidisciplinar.

Una jornada de reflexión y diálogo de la cual destacó la importancia de la perspectiva de género como pilar fundamental a la hora de desarrollar los protocolos de actuación y prevención de los malos tratos y abusos a personas mayores, así como la necesidad de implementar una Ley estatal que ponga la protección de las personas mayores en el centro. También un ordenamiento jurídico que permita y facilite la plena participación activa y autónoma de las personas mayores en los procesos judiciales. Así como impulsar desde España, la creación de una Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas mayores.

De cuidadores y familiares

Desde UDP señalan que los malos tratos se producen regularmente en cualquier sitio, aunque es más difícil prevenirlo en los domicilios familiares que en las residencias. «Existen malos tratos por parte de cuidadores y de familiares. Hay que tener en cuenta que hay hijos y nietos que no tratan a sus padres o abuelos como deberían. Hay una falta de protección evidente y nosotros estamos pidiendo al Estado que hace falta regularizar la jurisdicción, les pedimos más», explican fuentes de la Unión de Pensionistas y Jubilados de España.

Hay que poner ejemplos concretos para saber de qué estamos hablando. «Imagina a un señor o una señora que tiene un padre o una madre con algún tipo de demencia e invalidado físicamente. Si se le trata mal, ¿de qué manera va a poder defenderse? No puede presentarse en una comisaría, así que hay un vacío. A eso nos referimos. Que las víctimas puedan ponerse en contacto con algún tipo de asociación, con alguien, que les pueda ayudar», argumentan las mismas fuentes de UDP, la asociación de personas mayores más antigua de España. Lleva 50 años funcionando.

Como en la población en general, las mujeres sufren más los malos tratos que los hombres en el grupo de personas mayores. Cristina Pérez Psicóloga de la Fundación Luz Casanova, señaló en la Jornada de UDP que las mujeres «son las que menos denuncian esta situación de maltrato junto con el grupo de edad de adolescentes. Son las que menos solicitan ayuda y servicios de apoyo, ya sean psicosociales o a nivel de denuncia». Entre los motivos para ello, explicó cómo las experiencias y situaciones vividas por mujeres que ahora han cumplido 70 o 80 años «no fueron creídas, escuchadas ni protegidas». «Recordemos que la ley de violencia de género es relativamente reciente y muchas de estas mujeres han tenido relaciones de violencia en sus parejas cuando esta ley no estaba en vigor y cuando no se entendía socialmente esta problemática como se entiende ahora». De esa manera, afirmó que «difícilmente van a pedir ayuda de nuevo».

Sin una legislación específica en España

En España no existe una legislación específica que regule la protección de las situaciones de maltrato y abuso hacia las personas mayores. A falta de una norma estatal, son las comunidades autónomas quienes en el ámbito de sus respectivas competencias han establecido el marco de protección. «Muchas de las dificultades que nos encontramos para poder enfrentar estas situaciones, es claramente la ausencia de un protocolo claro de intervención», explican desde la asociación UDP.