14 de octubre de 2019. «El domingo estuve hasta no sé qué hora de la noche empacando mis cosas en silencio. Ella (la empleadora) estaba viendo la tele en el salón y yo embalando rápido, porque no quería que me descubriera si hacía ruido. Después escribí la carta que le iba a dejar, en la que le anexé la tabla salarial de las trabajadoras del hogar. El lunes me levanté, hice todo el oficio como había que hacerlo, la comida, recogí todo… Ya tenía todo listo. En cuanto ella se acostó para hacer la siesta cogí mis cosas. Abrí la puerta súper despacio, con el corazón en la garganta, como si me estuviera escapando... Bajé con el miedo de que algún vecino me viera. Y me fui».
Diana Marcela López es trabajadora del hogar y cuidados. Esa fue su primera experiencia laboral como interna, con 23 años, que acabó en 2019. En noviembre de 2020 decidió denunciar a su último empleador, que le ofreció trabajar como «voluntaria» a cambio de techo y comida «y a lo mejor mi madre te regala alguna camisa». La jornada tenía que ser de interna, de lunes a domingo, y las 24 horas metida en una casa, cuidando a dos ancianos totalmente dependientes. Cuando decidió que no lo aceptaba y pidió su finiquito, sus empleadores se negaron. «Me dijeron que no tenía derechos y que era ilegal, así que no me iban a pagar nada», cuenta. Decidió buscar un abogado y reclamar. Recientemente llegó a un acuerdo con sus empleadores para evitar el juicio que se iba a celebrar, aunque no le pagaron todo, sí le ingresaron gran parte de lo que le debían.
«Cobraba 350 euros por jornadas de 150 horas semanales», denuncia. En este trabajo se turnaba cada siete días con otra trabajadora, y pasaba encerrada en la casa una semana entera. Su compañera no se atrevió a denunciar.
Aunque no lo parezca, esta es la realidad en muchísimos casos para las trabajadoras del hogar y cuidados, un sector que desempeña un trabajo esencial a cambio de sueldos y condiciones de miseria. Su primera empleadora fue a los cinco meses de llegar a España, ella era la mujer del director de un banco, y sus hijos, un medico, una abogada y una ingeniera. Le pagaban 750 euros y, cuando pidió un aumento a 800, le dijeron que «no era posible subir tanto».
Las condiciones laborales en la casa eran las siguientes: trabajo de interna siete días a la semana y 24 horas, con un descanso de 15 minutos diarios en el que le dejaban salir para dar una vuelta. A los ocho meses consiguió librar las tardes de sábado y domingo. Su empleadora le impuso el pantalón largo, residía en una habitación con un armario minúsculo y una cama, y hasta tuvo que alquilar un cuarto para dejar sus cosas porque la empleadora «no quería trastos». Le reprochaban demorarse mucho en el baño o hacer ejercicio en el salón, pero tampoco le permitían salir a correr. Pasó allí 14 meses. «No puedes trabajar de otra cosa por tu situación irregular, no tienes alternativa», explica Diana Marcela, que tampoco esperaba que el empleo fuera así. Al final, gracias al apoyo de otras trabajadoras del hogar de la Asociación intercultural de profesionales del hogar y cuidados (Aiphyc), tomó la decisión de escapar.
El peor escenario
Diana Marcela nunca pensó que acabaría como interna, pero al llegar a España se dio con un muro. «Vine para ayudar a mi familia y porque tenía a personas aquí. Me dijeron que viniera en verano, porque los restaurantes necesitan a más gente, lo del trabajo de interna era el peor escenario», cuenta.
Al principio, explica Marcela en ambos casos, las empleadoras le causaron muy buena impresión. «Eran un amor, muy amables y transmitían mucha confianza, pero pronto empecé a ver el agua que corría, cada día te trataban peor y peor», explica.
En la carta a su empleadora, Diana explicaba algo; que su trabajo, tan menospreciado, es el que permite que su hijo médico, su hija abogada, y su hija ingeniera puedan hacer su vida tranquilos. Que desarrolla una de las labores más esenciales que existen, la de los cuidados, y que, como cuenta ella «si las trabajadoras del hogar nos pusiéramos en huelga habría un colapso en España».
