Como el famoso aleteo de la mariposa, lo que se selló en Madrid acabó siendo festejado en la ciudad administrativa de València, sede de la Conselleria de Vivienda. El acuerdo que cerraron ayer PSOE y Unidas Podemos por los presupuestos y la Ley de Vivienda está escrito sobre el papel estatal, pero tiene tinta autonómica. No en vano, la regulación de los alquileres es un asunto que finalmente tendrán que llevar a cabo las comunidades y desde el Consell ya se muestran «a la expectativa» de la letra pequeña de la ley para poder ponerla en marcha.
Desde el departamento que dirige Héctor Illueca mostraron ayer su satisfacción con el trato alcanzado entre los socios del Gobierno de España ya que, consideran, da las «herramientas» para «ejecutar un camino que ya habíamos empezado». En este se encuentra la posibilidad de establecer un máximo a los precios de alquiler, algo que solo se podrá hacer a grandes tenedores (que tengan más de 10 viviendas) y en las llamadas «zonas tensionadas».
La calificación de «zona tensionada» y quién lo decide es precisamente uno de los puntos de los que se está «a expensas» de que se desarrolle en la redacción definitiva de la legislación estatal. Según desgrana el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, hay dos posibilidades: por una parte, que sea el Estado el que lo dictamine para toda España siguiendo un criterio común o, por otra, que sean las comunidades autónomas las que delimiten.
En el caso de la Comunitat Valenciana, Aguilar recuerda que la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda ya cuenta con el catálogo de Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA) que incluye a 234 municipios, de los que 83 se encuentran en «ANHA alta», es decir, con alquileres elevados. Así, según el secretario autonómico, estas serían «presumiblemente» las consideradas como zonas tensionadas si es la Generalitat la que marca los índices.
En estas áreas se encuentran las cuatro ciudades de más de 100.000 habitantes (Alicante, Elx, València y Castelló), municipios del área metropolitana de la capital (Aldaia, Burjassot o Alaquàs) así como algunos que destacan por su atracción turística (Benidorm, Cullera o Xàbia).
Antes de que se hiciera el citado catálogo ANHA, basado en el análisis de datos de marzo de 2020, la Generalitat presentó en febrero de 2019 un mapa de 51 zonas con el mercado del alquiler tensionado (donde habían subido los precios más de un 20 % en tres años) y en las que se ofrecían bonificaciones fiscales a quienes alquilaran su piso a un precio dentro de los parámetros. Estaban el área metropolitana de València, Alicante, Dénia o Gandia.
No obstante, el acuerdo estatal sellado ayer de momento es «solo un paso» que deberá concretarse, primero en la propia ley, que marcará quién se encarga de decir qué zonas son las tensionadas y, después, en un acuerdo del Consell. Desde Vivienda (bajo la dirección de Unides Podem) ya avisan: «Si tenemos la posibilidad de limitar el precio del alquiler, lo haremos».
