El sindicato Acaip-UGT ha denunciado hoy que, en el primer semestre de 2021, el centro penitenciario de Picassent, uno de los más grandes y complejos de España por el tamaño, el tipo de construcción y el número de presos peligrosos que alberga, registró 585 incidentes "graves o muy graves", incluyendo ocho agresiones o intentos de ella a trabajadores, entre ellas "puñetazos en la cara, patadas, mordiscos, arañazos y amenazas con objetos", que no llegaron a más por la "suerte", la actuación de los propios funcionarios e, incluso, la intervención de otros reclusos en su defensa.
Una de las razones que aporta la organización sindical para explicar lo que está ocurriendo es la merma de la plantilla de trabajadores en un 30 % en los últimos cuatro años, que no se ha visto acompañada por la reducción del número de internos, lo que provoca que, "de manera habitual", afirman, un solo funcionario deba ocuparse de la seguridad y control de 140 internos de promedio, algo materialmente imposible y que incluso está por debajo de la cifra exigida por la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) como servicio mínimo en caso de huelga.
El sindicato lamenta que un solo funcionario deba ocuparse de la seguridad y control de 140 internos de promedio
Además, recuerdan que la cárcel de Picassent alberga 32 presos clasificados como FIES, esto es, muy peligrosos y sujetos a un seguimiento estrecho y especial. Algunos de ellos residen en un mismo módulo, pero otros están distribuidos entre los departamentos considerados 'normales', precisamente para evitar que se conviertan en un gueto y tratar de favorecer la convivencia y su integración.
Sin embargo, la mayoría de ellos siguen estando en el módulo de los FIES, un edificio que no existía en los planos iniciales de la prisión y que fue añadido con posterioridad. Así, se trata de una edificación con "gran cantidad de deficiencias estructurales en materia de seguridad, y supone un riesgo añadido para los trabajadores que prestan servicio en el mismo", asegura Acaip, que lleva denunciando esta situación desde hace mucho tiempo.
Pese a las reformas a las que ha sido sometido, lo reducido de sus espacios y el empleo de hormigón como material casi exclusivo lo convierte en un espacio "que genera una gran sensación de estrés tanto a trabajadores como a internos", afirma el sindicato, lo que aumenta la conflictividad de manera objetiva.
De hecho, incluso el Defensor del Pueblo ha recomendado la clausura definitiva de ese departamento porque, según señala en un informe, carece de condiciones adecuadas, recomendación que, obviamente, no ha sido atendida por Instituciones Penitenciarias.
Los incidentes más graves
En un comunicado emitido hoy, Acaip-UGT destaca los siguientes incidentes:
• El 4 de febrero de 2021 mientras se estaba realizando un electrocardiograma a un interno en aparente estado de inconsciencia, éste se revuelve de forma violenta contra los funcionarios y personal sanitario a los que trata de agredir.
• El 9 de febrero un interno destroza la silla contra el cristal de la celda que ocupa. Otros internos y los funcionarios de servicio intentan calmarlo sin conseguirlo. En ese momento la emprende a puñetazos contra los trabajadores , que consiguen evitarlos.
• Ese mismo día un interno ingresado en la Enfermería del centro amenaza con un bolígrafo a una funcionaria a la vez que la empuja . A consecuencia de ello la funcionaria se golpea en la pierna , y se produce una herida.
• El 12 de marzo cuando las funcionarias de servicio acompañan a una interna clasificada en primer grado al patio, ésta empuja a una de ellas y amenaza de muerte gravemente al resto.
• El 28 de abril, en el transcurso de una llamada telefónica en la que un interno está amenazando de
muerte a su pareja, los funcionarios de servicio acuden a tranquilizarlo, momento en que el interno se revuelve contra ellos, les empuja, y también les amenaza de muerte.
Acaip-UGT ha insistido, a tenor de los datos recopilados y hechos públicos hoy, la necesidad de cambiar la normativa para que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad, en la misma medida que se hizo con otros colectivos como el de los médicos o el del profesorado.
En estos momentos, afirman, hay 37 reclusos internos en Picassent con antecedentes de amenaza o agresión a trabajadores. Según sus datos, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, ha habido 86 casos de amenazas graves, coacciones o insultos graves a trabajadores, que incluyen amenazas a los trabajadores de actuar contra ellos una vez que salgan en libertad.
A ellos se suman 18 resistencias activas y violentas al cumplimiento de la normativa y de las órdenes directas de los funcionarios, muchas de ellas registradas en la Enfermería, además de una fuga, protagonizada el pasado 10 de junio por un interno que se escapó de la ambulancia, tal como publicó Levante-EMV, cuando acababa de llegar al Hospital General porque, supuestamente, se había tragado dos pilas.
También se registraron en este periodo 185 resistencias pasivas y 64 agresiones entre internos que, por fortuna, no han terminado en ningún homicidio, así como 34 casos de amenazas graves entre ellos.
A ello se suma la intervención de 95 objetos prohibidos (desde pinchos caseros a móviles, pasando por distintas cantidades de droga), 10 casos de sobredosis de droga (casi siempre, de heroína), un suicidio consumado, 3 intentados, 36 autolesiones, 4 internos en huelga de hambre y 32 incidentes con daños graves o destrucción de mobiliario o elementos comunes.
En estos momentos, según estimaciones de Acaip-UGT, hay un déficit de plantilla de un 15 % sobre la relación de puestos de trabajo, es decir, el número y puestos concretos que desigan la propia SGIP.
