«El bono joven es un apoyo, pero no ataca el problema de raíz». Habla Ferran Blasco, tiene 22 años, es de Borriana pero vive en València desde hace cinco años, donde está a punto de acabar el doble grado de Derecho y Ciencias Políticas. No trabaja, pero pronto lo hará y viendo lo que paga por su piso compartido con tres personas más, la esperanza de un futuro cercano y fructífero se desvanece por momentos. Novecientos euros. Ese es el precio total del alquiler donde vive. Ni Ferran ni miles de jóvenes (ni familias) podrían permitirse algo así.
En relación al bono joven que ha anunciado Pedro Sánchez —que de momento solo se sabe que se tratará de una ayuda mensual de 250 euros que podrá alargarse hasta dos años, para jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas anuales inferiores a 23.725 euros— Ferran cree que «está bien como apoyo pero no ataca al problema de raíz»: el precio desorbitado de los alquileres y su distancia cada vez más grande con los sueldos.
«Seguro que puedo optar a la ayuda», bromea. Y, según lo anunciado, así es. Entra en la edad, vive emancipado y cobra menos de 23.725 euros anuales. Como la gran mayoría de los miles de jóvenes valencianos. De hecho, en la Comunitat, el sueldo medio anual de un joven es de 10.282,55 euros, 856 euros al mes para pagar un alquiler que, de media se sitúa en la Comunitat en 632 euros, según se extrae del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud. Con todo, el Gobierno prevé que hasta 50.000 jóvenes se beneficien del bono en toda España, con una partida de 200 millones.
A la espera de la letra pequeña
Desde el Consell Valencià de la Joventut (CVJ), la presidenta Cristina Martínez opina que si las subvenciones son retroactivas, es decir, que se abonan a posteriori de pagar la mensualidad, se podrán acoger a este apoyo las personas que ya están emancipadas en la Comunitat, que son un 17,2 % de los jóvenes, los que tienen capacidad económica como para abonar un alquiler, aunque sea a duras penas. «Si te dan el importe después de pagar la mensualidad, la ayuda se enfoca a quienes son ya económicamente independientes, la gente que no tiene ingresos sigue sin poder emanciparse», razona. Por eso, reivindican «que los apoyos al alquiler lleguen a ese 82,8 % restante de jóvenes no puede dar el paso de emanciparse».
El bono será, en definitiva, un apoyo para pagar el alquiler, que el Consell de Joventut ve «positivo como primera medida» para iniciar el trabajo en materia de vivienda pero «insuficiente». Cristina Martínez valora la propuesta pero cree que es un parche más que no ataca al problema de raíz: La precariedad.
Para la presidenta del Consell de Joventut es, precisamente, la precariedad «la principal razón por la que los jóvenes no se pueden emancipar». Es por eso que opina que el bono joven es positivo pero «tendría que ir acompañada de un plan de garantía de empleo de calidad», añade Martínez.
Los datos son clarificadores. Independizarse supone, para una persona joven valenciana, gastar el 71,9 % del salario neto en vivienda, según el Observatorio de Emancipación. Desde el CVJ, Martínez reitera la necesidad de ir a la raíz del problema, la precariedad estructural. «Muy bien la iniciativa, pero hay que poner en marcha medidas estructurales», dice.
