La condena impuesta por la sección primera de la Audiencia de València a los 24 procesados del saqueo de la depuradora de Pinedo, que ascendió a 23,5 millones, fue ratificada por el Tribunal Supremo hace justo un año. Once de los condenados cumplen pena de prisión desde mediados de noviembre de 2020. Tanto a ellos como al resto de penados que no llegaron a entrar en prisión se les embargaron cuentas y propiedades, o abonaron multas voluntariamente, para resarcir la responsabilidad civil impuesta por el tribunal valenciano.
Un año después las dos entidades públicas a las que se consideró perjudicadas de este de este desfalco a las arcas públicas, la Emshi (Entidad metropolitana de servicios hidráulicos) y la Epsar (Entidad pública de saneamiento de aguas residuales) han hecho público que las gestiones judiciales han permitido recuperar 2,1 millones de los 23,5 defraudados, según sentencia.
Puede parecer una cantidad pequeña respecto al total saqueado. Pero la maquinaria judicial sigue en marcha para seguir subastando las propiedades incautadas a los condenados, para recuperar la totalidad del dinero público desviado, que es el objetivo final de una sentencia judicial.
La presidenta de la Emshi, Elisa Valía, que dio cuenta ayer a la Junta de Gobierno de la entidad de la recuperación de 1.033.364,94 euros aseguró, a través de un comunicado, que “Emarsa es la mayor trama de corrupción del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, dado el altísimo volumen de dinero público robado. No vamos a parar hasta lograr recuperarlo porque, además, la intención es invertirlo en mejorar el servicio que pagamos todos y todas.
En la sentencia del caso Emarsa se fijó que el dinero recuperado del caso Emarsa se repartiría entre las dos entidades perjudicadas: el 45% para la Emshi y el 55% para la Epsar, que depende de la Generalitat.
El proceso de ejecución de la sentencia del caso Emarsa será largo y podría prolongarse varios años. La ejecutoria la dirige la sección primera de la Audiencia de València, que dictó la sentencia, y desde hace un año ha procedido a embargar «inmuebles, fincas rústicas e industriales, vehículos, valores, participaciones sociales y cuentas de los condenados» que incluyen «apartamentos en Andorra», garajes, trasteros y viviendas en varias localidades de la Comunitat Valenciana. Incluso algún condenado, según la Emshi, «dispone de un amplísimo patrimonio inmobiliario de 22 fincas que se subastará para cubrir las responsabilidades civiles adeudadas», según explican desde la Emshi.
