Cuando el próximo viernes 15 de octubre concluya el proceso de integración del departamento de salud de Torrevieja en la red pública para su gestión directa por parte de la Conselleria de Sanidad, medio millón de valencianos habrá dejado en los últimos tres años de residir en un departamento de salud con un sistema privatizado. Pero aún quedará otro medio millón bajo esa fórmula de gestión, que deja la sanidad en manos de una empresa privada. Esa fórmula la implantó el PP en tiempos de Eduardo Zaplana, pero apenas se ha expandido en España, ni siquiera en autonomías gobernadas por los populares. Desde 2015, el Botànic ha revertido los contratos según expiraban, primero en la Ribera en 2018 y ahora en Torrevieja.
Los tres departamentos que aún quedan bajo el sistema de titularidad pública y gestión privada vencerán en los próximos años. El de Dénia, que atiende a 168.000 habitantes, lo hará en febrero de 2024; igual que Manises, con 203.000, en mayo de ese año. El contrato del departamento del Vinalopó, con 140.000 pacientes potenciales, expira en junio de 2025.
Ayer, el pleno del Consell aprobó el decreto que regula las condiciones de la plantilla de trabajadores, que pasará a la situación laboral de «personal a extinguir» como en la Ribera en 2018.
La Conselleria de Sanidad quiso crear una empresa pública para subrogarlos, pero la presión de Compromís y Unides Podem lo impidió. Las retribuciones del personal, según el decreto, serán las correspondientes al convenio, así como las que se deriven de su contrato de trabajo, sin perjuicio de su modificación en los supuestos legales y siempre que sean compatibles con el principio de estabilidad presupuestaria.
Tres meses para ser estatutario
El decreto deja claro que el personal únicamente podrá adquirir la condición de empleado público si supera los procesos establecidos al efecto. Además, en el plazo máximo de tres meses, el personal estatutario fijo deberá manifestar si opta por continuar con la condición de personal laboral a extinguir o por reingresar en la condición de personal estatutario fijo.
La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ya aseguró el jueves en las Corts que la Comunitat Valenciana fue entre 1999 y 2010 el laboratorio de pruebas donde se experimentó la privatización de la Sanidad, ante las críticas de los partidos de la oposición, PP, Cs y Vox, partidarios de la fórmula.
Barceló dio varias claves en el sentido de que durante estos años se ha cedido a la gestión privada los departamentos más rentables y atractivos para garantizar el negocio de las empresas, con zonas esencialmente urbanas, con baja dispersión poblacional y territorios concentrados. Una fórmula, que según la consellera, socializa pérdidas y privatiza beneficios y que tiene unos pliegos muy imprecisos que originan importantes lagunas interpretativas, que dan lugar a controversias y dificultan la normal relación entre adjudicataria y Administración, lo que lleva a una continua litigiosidad en los tribunales de Justicia.
Las concesionarias han interpuesto 62 procedimientos judiciales, de los que el 95 % corresponde a Ribera Salud; en concreto 26 en la Ribera; 18 en Torrevieja y 15 en Elx-Crevillent. A ello se une que Barceló ha acusado en numerosas ocasiones a la gestora de Torrevieja de boicotear el proceso por falta de colaboración.
