El choque entre el Síndic de Greuges y la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de Mónica Oltra continúa. Tras los encontronazos por la investigación en los centros de menores, se añade un nuevo episodio apenas días después: no contestar a los requerimientos que envía el defensor del pueblo valenciano porque, según justifica el departamento de Oltra, lo impide la carga de trabajo.
«Debido a la carga de trabajo derivada del elevado volumen de prestaciones y servicios que gestiona este departamento no resulta posible atender su solicitud con la celeridad requerida» es la respuesta que da la conselleria a las últimas seis resoluciones del síndic publicadas en su página web y que esquivan la cuestión por la que este órgano se dirige a la conselleria.
La totalidad de estas peticiones que traslada el defensor del pueblo, Ángel Luna, y que llegan por quejas de la ciudadanía tienen que ver con el pago de la Renta Valenciana de Inclusión. Hay casos de personas que señalan que han dejado de cobrar el subsidio autonómico por un problema con el apellido o que habiéndola solicitado no se les ha resuelto el expediente, situaciones por las que el Síndic pide explicaciones.
Es a partir de las quejas de estas personas cuando el Síndic se pone en contacto con el departamento de Oltra que, en lugar de contestar a los asuntos concretos solicitados, se escuda en la falta de personal para no hacerlo. «Tan pronto como sea factible y en la medida que la disposición de los recursos lo permita, facilitaremos la información que nos pide», añade en su respuesta la Vicepresidencia.
De hecho, en su escrito de respuesta, pide al defensor del pueblo que traslade un escrito a las conselleries de Justicia y Hacienda (en manos de Gabriela Bravo y Vicent Soler) para que «efectuaran con prontitud las gestiones necesarias para la creación y cobertura de puestos de trabajo que nuestro departamento ha solicitado». «Solo así nos será posible atender en plazo todos y cada uno de los procedimientos de queja iniciados por la ciudadanía y que tan valiosos resultan para la mejora en la gestión de la administración», dice.
Para Luna, la respuesta de la conselleria de Oltra no respeta la ley del Síndic de Greuges porque «no se manifiesta el posicionamiento de la conselleria respecto de las concretas consideraciones contenidas en la resolución». Asimismo, señala que para el órgano autonómico «resulta del todo ajeno a sus competencias la facultad de recomendar a las consellerias de Hacienda y de Justicia que proceda a la creación y cobertura de los puestos de trabajo solicitados por la conselleria».
«La capacidad de distribuir los medios humanos y materiales de que dispone el Consell forma parte de la potestad de autoorganización de que disponen todas las administraciones públicas, cuyos problemas deben ser resueltos en el seno del propio órgano de gobierno», sentencia.
El departamento de Oltra y el Síndic, Ángel Luna, ya tuvieron hace dos semanas un choque, cuando el defensor del pueblo valenciano señalaba que la conselleria ponía trabas a investigar la situación de varios centros de menores. La vicepresidenta acusó a Luna de lanzar «sospechas e insidias» sobre su gestión sin fundamento.
