Las inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana alcanzarán en 2022 un total de 1.208 millones de euros, lo que representa el 9,3 % del total de los fondos territorializados, es decir, el montante que el Gobierno reparte entre las comunidades en concepto de inversiones reales. La cantidad crece respecto a lo contemplado este año en 44 millones de euros, aunque retrocede en términos relativos tres décimas al pasar del 9,6 por ciento al 9,3.
Las cifras, reflejadas en el proyecto de Presupuestos Generales de Estado que ayer presentó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, permiten concluir que bajo el Gobierno de Pedro Sánchez la inversión en territorio valenciano se estabiliza en torno al 9 % y deja atrás la etapa negra en la que a duras penas se superaba el 7 %. Eso sí, 2022 tampoco será el ejercicio en el que el porcentaje de inversiones reales se equipare al de la población valenciana, una exigencia que quedó recogida en el Estatut d’Autonomia tras una reforma que después de un largo periplo quedó validada en 2018 por el Congreso de los Diputados. En la actualidad, el peso de la población valenciana sobre el conjunto de España es del 10,6 %.
Cabe apuntar que la cláusula inversora que, además de la Comunitat Valenciana poseen otros territorios como Cataluña y Andalucía, no es vinculante para el Gobierno, según resolvió en su día el Tribunal Constitucional. Ahora bien, en medio de un debate abierto sobre el modelo territorial, es un elemento que se ha tenido en cuenta en la distribución, según admitió Montero en la presentación de las cuentas.
Aunque casi todas las comunidades han mejorado sus recursos (la tarta que se reparte pasa de los 19.356 millones de este año a 21.434 millones gracias a los fondos europeos), algunos territorios salen mejor parados que otros. Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia mejoran su posición en términos relativos, mientras que Andalucía es la que más gana en términos absolutos: 123 millones de euros.
La más perjudicada en estos presupuestos es Madrid ya que retrocede del 10,2 % al 8,9 %, lo que se traduce en un bocado de 106 millones de euros. El recorte, que se produce en medio del debate sobre la necesidad de descentralizar las instituciones del Estado y atemperar el llamado efecto capitalidad, se traduce en que Madrid pierde a favor de la Comunitat Valenciana el tercer puesto en la clasificación de las comunidades que más fondos reciben en términos absolutos. De hecho, la inversión en Cataluña y Andalucía duplica la de Madrid.
Pero la foto de estas cuentas es más amplia. Junto a la inversión real, por la vía de las transferencias de capital la Comuniat Valenciana recibirá dos partidas que suma 300 millones. Una de 200 millones para «convenios para carreteras» ( en la práctica, para movilidad sostenible) y una segunda de cien millones para «soluciones de movilidad innovadora».
Cumplida la cláusula inversora
Fuentes socialistas del Botànic destacaban ayer que la suma de estas partidas a los 1.208 millones sitúan el nivel de inversión en un 11 %, por lo que consideran cumplida la cláusula inversora. Las mismas fuentes aseguran que esta dotación de 300 millones no tiene carácter finalista, es decir, la Generalitat decidirá cómo invertirlos. Es, subrayan, un gesto del Gobierno de Sánchez al de Ximo Puig, ya que el president apuesta por avanzar en un modelo federal que dé más autonomía en los recursos.
