Los intereses del siete veces conseller Rafael Blasco y de su antigua guardia de corps ya no confluyen en la misma dirección. El político negó ayer haber dado órdenes para que los contratos de su última conselleria para crear el portal del inmigrante o de la ciudadanía beneficiaran a las empresas de su empresario de cabecera, Augusto Tauroni.
Por el contrario, el mismo Tauroni y la secretaria general administrativa de Blasco en casi todas las conselleries por las que pasó, Agustina Sanjuan, admitieron que se favoreció a las empresas de Tauroni, a través de atajos para esquivar la legalidad administrativa. Tauroni y Sanjuan han llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para saldar con una pena mínima esta última pieza del caso Blasco que se inició en 2012 por la sospecha del desvío de las ayudas a la Cooperación. Tauroni, Sanjuan y el jefe de informática de la Conselleria de Inmigración/Solidaridad han aceptado penas de un año de cárcel (un año y tres meses en el caso del empresario), que les permitirán finiquitar este procedimiento a efectos penales.
Pero Blasco se enfrenta a dos años y ocho meses de prisión por delito continuado de tráfico de influencias en concurso con delitos continuados de prevaricación y fraude a la Administración, según la petición de la Fiscalía.
Una posible condena que podría distorsionar el régimen de semilibertad que disfruta desde el 1 de febrero de 2019, tras cumplir tres años y siete meses de los seis años y medio que le impuso el Tribunal Supremo por el desvío de las ayudas a Nicaragua. De ahí que el exconseller se haya enrocado en defender su inocencia a pesar de que su antigua guarda pretoriana durante tantas conselleries declarara ayer en su contra.
Blasco inició su declaración asegurando que iba a estar «guiada por decir verdad y colaborar con la justicia hasta el esclarecimiento de mi inocencia y mi nula participación en los expedientes», aseguró a los magistrados de la sección tercera de la Audiencia que lo juzgan desde marzo.
El exconseller llevaba bien preparada su comparecencia. Hizo una exhibición de conocimiento de la causa citando folios exactos del procedimiento. «En un auto de 8 de marzo de 2019, en el folio 3, la magistrada [del Juzgado 21 de Instrucción] dice que a la secretaria general administrativa le corresponde la gestión d los servicios de contratación de los servicios de informática. En la conselleria existían diferentes niveles competenciales», justificó Rafael Blasco en su declaración.
«No hay un correo con mi nombre»
Una posición en la que se enrocó y no movió un ápice. «No hay un solo correo, llamada o documento en el que aparezca mi nombre o indicaciones mías» sobre las adjudicaciones que se juzgan, reiteró.
Una versión que había quedado desmontada por sus dos antiguos colaboradores. «Íbamos a tener una situación de favorecimiento hacia nosotros. No sé cómo definirlo concretamente, la verdad», admitió Augusto Tauroni. El empresario reconoció que ambos son de Alzira y que lo conoció cuando «comenzamos a licitar con la Administración. A mala hora. Trabajamos para varias conselleries en las que había estado Blasco y en otras».
Con el conseller surgió «una cierta amistad que se hizo más cordial con el transcurso del tiempo. Sobre todo después de que nos atizaran mucho los medios de comunicación, la relación se hizo más estrecha», admitió. Al tiempo que admitía sobre los contratos bajo sospecha por el presunto amaño que «en aquel momento me parecía que todo era legal. Honestamente no me parecía que fuera incorrecto. Ahora no pienso igual de muchas cosas que hice, porque en prisión pude estudiar la carrera de Derecho». Tauroni admitió que subcontrataba con las empresas adjudicatarias de los contratos de informática de la Conselleria de Solidaridad (a las que él buscaba), pero que sus propias mercantiles acababan haciendo todo el trabajo.
La secretaria general administrativa de Blasco en todas las «conselleries» que dirigió el político de Alzira y, por lo tanto, «experta en tramitación administrativa entonces. Ahora ya estoy jubilada» reveló que «Blasco me llamó y me dijo que tenía que contratar con Dinamiz-e (una de las empresas de Tauroni)» a pesar de que admitió que «no cumplía los requisitos para ser adjudicataria legal». El juicio continuará el próximo 19 de noviembre con los alegatos de las defensas.
