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Torrevieja pasa a manos públicas con la peor ratio de médico por paciente

Sanidad asegura que la concesión a Ribera toca a su fin con 1.640 tarjetas por facultativo, la peor tasa de atención primaria en la Comunitat Valenciana

Pasillo de consultas en un centro de salud de Torrevieja. | D.PAMIES

Altos cargos de la Conselleria de Sanidad y directivos de Ribera Salud rubricaron anoche con su firma el fin del contrato de la concesionaria y el paso a la gestión directa de la Generalitat Valenciana del departamento de Torrevieja, con diez municipios y una población protegida de aproximadamente160.000 pacientes. Ribera se despidió remarcando que dejaba el mejor área de salud de la Comunitat, avalado con datos como los de demora en la lista de espera de intervenciones quirúrgicas y atención de consultas especializada, los mejores, con diferencia, de la sanidad valenciana.

Los datos son elásticos según convenga. Y los oficiales, de este mismo mes, dicen también otras cosas como que Ribera deja los centros de salud del departamento con la peor ratio de médico por número de tarjetas sanitarias, tanto en el caso de los médicos de Medicina Familiar y Comunitaria como para Pediatría.

Un médico de familia asume una media de 1.640 tarjetas sanitarias de cupo en el departamento torrevejense, mientras que un pediatra alcanza las 1.002. Datos que solo son peores -y para el caso de medicina familiar- entre los 24 departamentos de salud en los que está dividida la Comunitat Valenciana en el Vinalopó Elx-Crevillent: 1.690 tarjetas por médico de Atención Primaria. Este departamento también está gestionado por Ribera a través de un modelo de gestión de colaboración público-privada.

Las sociedades científicas recomiendan un cupo máximo de 1.500 tarjetas por médico de familia y de 900 por pediatra. Un médico en el departamento de Requena cuenta con un cupo que apenas supera el millar de pacientes en medicina familiar -600 menos que en Torrevieja- y 650 en atención pediátrica, 350 menos que los diez municipios de primera y segunda línea litoral que abarca el departamento torrevejense, con 160.000 vecinos.

Requena es el caso con menos presión asistencial en centros de salud, aunque es un área con poca población. Pero si comparamos Torrevieja con departamentos de población y características similares tampoco queda bien parada: un pediatra en Orihuela asume un cupo de 923 tarjetas de media y un médico de familia 1.470. Paradójicamente los colectivos que han defendido durante más de un año la prórroga a la concesión de Ribera han puesto a Orihuela como ejemplo de cómo no debe gestionarse la sanidad.

Una auditoría que ya alertaba

El problema sin embargo no es nuevo. El departamento lo arrastra desde hace años y está relacionado con las dificultades de este área, como el resto de departamentos de la Comunitat y del país, para encontrar médicos de cualquier especialidad, y en el caso de Torrevieja con las condiciones laborales de sus facultativos durante los 15 años de concesión.

La auditoria operativa de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión del departamento ya advertía en 2017 que 70 médicos de familia tenían asignadas más de 1.500 tarjetas y 14 de ellos más de 1.800, lo que superaba las recomendaciones de las sociedades científicas. En ese mismo año once pediatras ya tenían asignadas más de 900 tarjetas y 7 de ellos más de 1.080. Una situación que ha empeorado de forma sustancial porque ahora la media de todos los facultativos, en sus once centros de salud y diez consultorios, superaba esas 900 tarjetas en Pediatría y las 1.600 en Medicina Familiar. Ya hay médicos con cupos que rozan las 2.000. Se trata de la misma auditoría que destacaba el modelo de gestión de Torrevieja como el más eficaz, y que ahorra a la Generalitat 45 millones de euros al año, con un gasto un 35% por debajo de departamentos de entidad similar.

Ribera, que ayer no se pronunció sobre estos datos, ha mantenido que cada médico de familia y pediatra contaba con herramientas informáticas para atender a los pacientes y con una jornada laboral más extensa lo que permitía garantizar «la atención asistencial necesaria».

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