«Hoy es un día muy feliz para la infancia migrante en España», así de positiva se expresaba Jeniffer Zupiroli, especialista en migraciones de la oenegé Save The Children, tras conocer la modificación del reglamento de extranjería que anunció ayer el Gobierno, y que da un horizonte de integración a casi medio millar de niños tutelados por la Generalitat y alrededor de 15.000 en toda España (8.000 menores tutelados y 7.000 jóvenes de 18 a 23 años).
Una normativa que la vicepresidenta y consellera de Igualdad Mónica Oltra calificó de "muy buena noticia", y añadió que "no es el número mayoritario de chicos que tenemos en el sistema, pero con que fuera uno ya sería bienvenida". Actualmente la Generalitat tutela a 473 niños y adolescentes migrantes, de un total de 4.000 menores tutelados. Es decir, 9 de cada 10 son de nacionalidad española.
El nuevo reglamento, que modifica tres artículos de la ley de extranjería, rebaja los requisitos económicos que se piden a los jóvenes extutelados para conseguir sus permisos, y se contabilizan como tales las ayudas de la administración o de entidades del tercer sector, algo que antes no se hacía. Además de los adolescentes actualmente tutelados (473), beneficia a los que ahora tienen entre 18 y 23 años. Save The Children apunta que es imposible hacer estimaciones sobre este segundo grupo «muchos siguen su camino, otros sí que consiguieron papeles o están en otras comunidades», dice Rodrigo Hernández, presidente de la entidad.
La Generalitat tutela a 473 niños y adolescentes migrantes de un total de 4.000 menores tutelados, es decir, la enorme mayoría son de nacionalidad española
El reglamento simplifica el proceso de documentación y obliga a los centros a empezar con él a los tres meses de llegar (antes era a los nueve), además, aumenta la vigencia del permiso inicial de uno a dos años y elimina la burocracia en los centros para agilizar trámites. Para Pilar Serrano, abogada de extranjería de la oenegé València Acoge, se trata de una reforma «muy, pero que muy buena», y corrige el actual sistema que era «una máquina de indigencia», ya que en la práctica muchos de estos menores acababan en situación de calle por no poder cumplir los requisitos. "Antes se reclamaba al menor el 100 % del Iprem (unos 584 euros el primer año), pero el segundo subía a un 400 %, y los chicos tenían que acreditar que ganaban 2.000 euros mensuales con un trabajo a jornada completa durante un año. Eso era completamente imposible para un chico de 19 años», cuenta Serrano.
Es el caso de Zoubure, un chaval de 19 años de origen marroquí. A los 18 salió de un centro de menores de Ceuta con su permiso de residencia en la mano y sus poquísimas pertenencias. Decidió venir a València, donde tenía un amigo. En estos momentos cuenta con un permiso de residencia pero no de trabajo, que caduca dentro de seis meses. Aquí es cuando la reforma hace su gran diferencia. En lugar de tener que acreditar ganancias de más de 2.000 euros, bastará con 584 (en los que también cuentan prestaciones sociales y de entidades) para poder renovar su permiso de residencia.
"He estudiado cocina y he hecho prácticas en muchos restaurantes. En varios han querido contratarme al acabar, pero cuando les enseño mi permiso de residencia es imposible", se lamenta Zoubure. "Solo quiero ponerme a trabajar, porque aquí en España sin nuestros padres, a ver quién nos paga la ropa, o un piso, o la comida, necesito trabajar", dice desde un albergue de València, donde duerme porque no puede tener ingresos. En el papel, esta modificación de la norma también facilitará las posibilidades de acceder a un permiso de trabajo, para que Zoubure puede empezar su proyecto de vida. "Muchos chicos van a tener por fin una oportunidad con esta regla", asegura Serrano.
"Esta norma implica que los jóvenes trabajen en condiciones dignas, y contribuyan a generar riqueza", dice Pilar Serrano
Generar riqueza
La norma, además de facilitar el acceso a los permisos, supone mejorar las condiciones para conseguir un permiso de trabajo. "Piensa que el estado decide invertir en estas personas, que son el futuro, tutelarlas durante 4 o 5 años. No puede ser que a la segunda tarjeta los dejemos en situación irregular y abocados a la calle", apunta Serrano. "Pues lo que ocurría antes era esto, y que los chicos acababan explotados en trabajos de la hostelería o del campo, sin un contrato en condiciones, y esto supone lo contario, que tributen y contribuyan con el estado. Generar riqueza", asegura.
Claroscuros
Pese a todo, esta reforma tiene algunos puntos no tan positivos. Para empezar, no tiene cuenta a los jóvenes que no hayan pasado por el sistema de protección. "Esto excluye a los casos de fallo en la prueba de la muñeca (de determinación de la edad)", denuncia Serrano. Asegura que es común que fiscalía no acepte los documentos de identidad de un menor y obligue a realizar la radiografía, que tiene un margen de error de casi dos años, lo que puede arrojar un resultado equivocado y tachar al menor de edad como mayor de 18. "En algunos casos hemos vuelto a pedir la documentación y demostramos que fiscalía se equivocaba, ya con el chico mayor de edad, pero no puede ser que encima queden excluídos de esta norma, ellos no tienen la culpa del error administrativo", dice Serrano.
Por otra parte, Zupiroli critica que se tengan en cuenta los antecedentes penales para conceder los permisos. "Muchos de estos chicos se quedan en situación de calle, tan jóvenes, y cometen errores. Creemos que hubiera sido mejor matizar este punto", dice.
Pese a todo, la norma se ha celebrado como una victoria que organizaciones sociales, oenegés, y hasta el propio Defensor del Pueblo llevaban reclamando durante una década. La reforma ha contado con el respaldo unánime de las principales asociaciones, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que ha asegurado en un comunicado que se trata de "un paso histórico para facilitar la inclusión social de muchos niños, niñas y jóvenes que se veían condenados a la irregularidad administrativa".
