Sin prisas y sin precipitación. Así encara la portavoz municipal en el Ayuntamiento de València y síndica en las Corts del PP, María José Catalá, la toma de decisiones tras el procesamiento por el presunto blanqueo de capitales de medio centenar de cargos del PP municipal vinculados a la época de Rita Barberá, entre los que hay tres asesores que siguen en el grupo en el ayuntamiento.
Catalá asegura que respecto a la figura de Barberá no hay ningún elemento nuevo que minusvalore su legado y que estamos ante un auto de incoación de procedimiento abreviado, a la espera de un segundo que decida el sobreseimiento o la apertura de juicio oral. Catalá ha apelado a la prudencia porque, según ha dicho, después de distintos procesos se ha eximido a unas 200 personas.
Catalá añade que si en el futuro se producen nuevas decisiones judiciales ya se tomarán las medidas que correspondan. Y añade que del auto conocido ayer no se deriva que pueda producirse una condena con dolo, sino en todo caso por imprudencia y que los estatutos del partido señalan a comportamientos dolosos para la expulsión. Señala que no hay ningún imputado en el grupo municipal y que en su día hizo una lista electoral totalmente renovada.
Respecto al hecho de que el expresidente Alberto Fabra fijara en su momento la línea roja para la expulsión del partido en la imputación, Catalá responde que fue una decisión que obedecía a un contexto politico ya superado y que entonces requería una acción ejemplar que comportó costes políticos y personales muy importantes en el partido. Eso, asegura, es lo que les lleva en este momento a ser prudentes y a evitar cualquier decisión porque la decisión procesal es solo un primer paso.
En la misma línea se ha referido a la reprobación en las Corts hace unos años de Barberá que firmó el propio PP y ha recordado que ya Isabel Bonig aseguró en su despedida que aquella decisión fue un error y que el contexto en el que se adoptó aquella resolución ya ha pasado. Catalá ha recordado que hay concejales de otros partidos y cargos del Consell que también están imputados y que el PP ha sido muy respetuoso.
Por otra parte el PP presentará una proposición no de ley con motivo de los diez años del cese de la violencia por parte de la banda terrorista ETA en la que piden una condena expresa por parte de los herederos políticos de ETA. Catalá va a presentar una resolución institucional, que no se aprobará porque no se aprueba ninguna en esta legislatura.