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El Gobierno acelera el pago en autovías y dejará a las comunidades cobrar por sus carreteras

Es una exigencia de la Unión Europea a cambio de la inyección de fondos para la recuperación económica

La Autovía del Este a su paso por Aldaia, durante el día de ayer. | GERMÁN CABALLERO

Aún queda mucho por concretar en el pago por el uso de las autovías. La tesitura en la que se debate el Gobierno, aunque también la Unión Europea, es si se aplica la euroviñeta (una tasa anual que permite utilizar toda la red viaria) o se instaura el pago por kilómetro por lo que paga más quien más utilice las carreteras. Aunque lo que está claro es que la medida se implantará ya que el pago por el uso de las autovías es, como la reforma del sistema de pensiones, una exigencia de la Unión Europea (UE) a cambio de la inyección de fondos europeos para remontar la crisis sanitaria por la covid-19.

De hecho, España era una isla en este asunto ya que el pago por uso de carreteras es una medida generalizada en casi todos los países de la Unión Europea que los diferentes gobiernos centrales han ido retrasando por lo impopular de la medida y la oposición del sector del transporte por carretera.

Pago también en vías autonómicas

De esta medida también se podrán beneficiar las autonomías ya que entre las previsiones del Gobierno central está la posibilidad de ceder a las distintas comunidades la posibilidad del cobro por uso de las autovías y carreteras autonómicas, según confirman a Levante-EMV fuentes del sector de los contratistas de obra pública.

Las cifras que se barajan para el cobro por el uso de las carreteras aún no están decididas, pero no serían tan elevadas como el peaje que se ha tenido que pagar durante casi 50 años en la AP-7 a su paso por la Comunitat Valenciana.

De hecho, el coste que se baraja es de 4 céntimos por día para los camiones y de uno o dos céntimos para los vehículos privados, aunque estas cantidades no son definitivas. En cualquier caso, sí está claro que el dinero que se recaudará irá destinado al mantenimiento de las carreteras, que suponen un elevado coste en los presupuestos públicos tanto estatales como autonómicos.

El secretario general de Infraestructuras del Gobierno, Sergio Vázquez, apuntó ayer tras participar en el foro «Conversa», que el objetivo es disponer de una herramienta financiera «para no pagar con los impuestos de todos nuestras carreteras», y que a la vez sirva para «modular los usos de transportes más contaminantes y de beneficio a las alternativas de transporte más sostenibles». «Hay que hacerlo. Estamos decididos y queremos que se llegue a un consenso, plantear el debate», indicó el mandatario, para afirmar a continuación que es «una cuestión de responsabilidad que tenemos que asumir» al igual que ocurre con los otros países de la Unión Europea. «El modelo de que toda nuestra red viaria sea gratis no es algo que suceda en Europa», dijo.

«Tenemos un problema con la conservación de nuestras carreteras. Este año vamos a destinar 1.400 millones de euros a la conservación de las carreteras del Estado. Un esfuerzo de todos los ciudadanos que pagan con sus impuestos» y que Gobierno pretende subsanar con una tarifa por utilizar las vías que aún está por concretar. «Hay que orientar los pasos para que a ese gasto en el mantenimiento de las carreteras contribuyan los que más las utilicen», dijo Vázquez. En todo caso, añadió, «estas tasas no tendrían nada que ver con los peajes que hoy conocemos».

Se presentará «en unos meses»

Los plazos, con todo, no son cortos; para empezar, habría que detallar «el mecanismo más adecuado y la forma de tarificarlo», proceso que conlleva también desarrollo tecnológico y cambios legales. Un trabajo que ya está en marcha, según anunció ayer la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros. «Será una tarificación justa, rigurosa y sostenible», dijo.

Por otra parte, Sánchez detalló que el Gobierno presentará «en unos meses» su propuesta para implementar peajes en las vías de alta capacidad de la red de carreteras a partir del año 2024. Esta propuesta ya se ha implantado en 24 de los 27 países de la UE y busca obtener recursos para mantener las carreteras en buen estado, una partida que acumula un déficit de 9.000 millones debido a la gratuidad actual de las autovías, cuyos recursos procedentes de los Presupuestos del Estado no son suficientes.

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