La etapa de Alberto Fabra al frente del PPCV y del Consell será recordada como aquella en la que se cerró Canal 9, pero también en la que el entonces presidente de la Generalitat instauró unas líneas rojas contra la corrupción que fueron mucho más allá de lo que exigía la letra pequeña de los estatutos del partido.
Diez años después, la doctrina Fabra, que consistió en apartar de la primera línea a responsables políticos que resultaran imputados por casos de corrupción con independencia de lo avanzado de la investigación judicial, ha quedado definitivamente enterrada. Conforme cayó la intensidad de los casos activos de corrupción y, sobre todo, fueron desapareciendo de la escena política sus protagonistas, los populares fueron relajando sus postulados de mano dura. Con todo, Carlos Mazón, como nuevo responsable de la organización, ha oficializado la nueva estrategia.
Salvo que un juez con sentencia firme diga lo contrario la gente es inocente
Las nuevas líneas rojas son aquellas que marcan los estatutos, es decir, una sentencia condenatoria. Mientras tanto, primará la defensa de la presunción de inocencia, lo que implica que, en principio, quienes quedan salpicados por asuntos turbios podrán continuar en sus cargos. Es la tesis que abraza la nueva dirección popular que preside Carlos Mazón y que se ha puesto encima de la mesa al conocerse la decisión de un juez de sentar en el banquillo al propio Partido Popular y a 48 concejales y asesores de la etapa de gobierno de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València.
No hay ningún elemento que menoscabe el legado de Barberá
De esta lista, solo cuatro quedan en activo y con nómina pública: el secretario del grupo municipal y exconcejal, Cristóbal Grau, los asesores Luis Salom y Cristina Diego, y María Àngels Ramón-Llin, asesora del PP en la Diputación de Valencia. Sin embargo, ni el partido en el ámbito regional, provincial o de la ciudad tiene previsto apartarlos. El mismo martes en el que se conoció el auto del caso Taula, Mazón dejó claro que la organización ha pasado página y que las líneas rojas de Fabra son el pasado. Ayer Mazón y la secretaria general del PPCV y presidenta del partido en València ciudad, María José Catalá, insistieron en la misma idea: no es el momento procesal de tomar decisiones.
La corrupción siempre está cerca del PP, el caso avergüenza a todos
Lo que dicen los estatutos
Y ¿qué dicen los actuales estatutos del PP? El reglamento establece que el Comité de Derechos y Garantías procederá a la apertura de un expediente informativo, que se transformará en disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral. Sin embargo, la resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte la sentencia o haya sobreseimiento.Con todo, se abre la puerta a que en «los casos de delitos flagrantes de corrupción y a la vista de la gravedad de los hechos se podrá determinar la suspensión de funciones o de afiliación».
No merecen ni presentarse a las elecciones
Fabra, que llegó a gobernar con once personas dentro de su grupo imputadas, optó por la mano dura asfixiado por los casos de corrupción que lastraron su legislatura. Bajo su doctrina llegó a apartar a más de una veintena de cargos, una estrategia que le generó detractores internos y el desapego de Génova ya que su forma de proceder dejaba en evidencia a la dirección nacional mucho menos tajante. Con Isabel Bonig al frente las líneas rojas fueron fluctuando. La expresidenta del PPCV inauguró su etapa con la voluntad declarada de eliminarlas, pero el estallido del caso Taula y, en particular, la causa del pitufeo, le obligó a retomar la estrategia de Fabra.
Bonig se enfrentó abiertamente a los concejales, entonces en activo e imputados por el delito de blanqueo y les pidió reiteradamente el acta. Incluso se sumó a la reprobación de Rita Barberá en las Corts. Una decisión que le pasó factura personal y política y de la que se arrepintió, según confesó ella misma.
Ya con Bonig el sentir más generalizado en el PP es que aquellas líneas rojas de Fabra no sirvieron para acallar a la oposición o retirar de la agenda los casos de corrupción, pero en cambio acrecentó la sensación de que el partido no arropa a los suyos en los momentos difíciles. Además, desde el PPse apunta que la izquierda, una vez en el Gobierno, no se ha aplicado la misma vara de medir.
Recuerdan que hay varios altos cargos, concejales y alcaldes imputados e incluso procesados pertenecientes a estos partidos y contra los que no se ha tomado ninguna medida, al tiempo que subrayan que más de doscientos cargos populares han quedado libres de sospecha tras ser señalados.
Por ello, apuntan, existe un hartazgo en las bases, que Mazón ha recogido. En este contexto, y a pesar de que el asunto incomoda y enturbia un entusiasta arranque de curso político, la idea es mantenerse firme. De ahí, que Mazón insistió ayer en glosar la figura de Barberá, quien falleció antes de que la causa judicial avanzara.
