La reforma de la financiación autonómica sigue estancada, y no será por falta de informes y voces expertas que empujan hacia la necesidad de un cambio en el modelo. El último, el XXXI Informe de las comunidades autónomas que el Observatorio de Derecho Público de la Universidad de Barcelona presentó ayer en el Senado en X Foro de las Autonomías, un clásico anual de la cámara alta que cuenta con las aportaciones de una treintena de académicos de Derecho Constitucional, Economía y Ciencia Política.
En este, además de reiterar que la Comunitat Valenciana y Murcia son las peor financiadas, señala ocho puntos que deberían abordarse en la reformulación del modelo de autonómico, muchos de ellos en la línea defendida por el Consell. El más destacado y que coincide plenamente con las tesis de la Generalitat es sobre la petición de una «cierta armonización de los impuestos sobre la propiedad, estableciendo algún tipo mínimo de aplicación general».
Esta «cierta» uniformidad fiscal va dirigida especialmente a la Comunidad de Madrid, señalada en numerosas ocasiones desde el Gobierno valenciano por hacer «dumping fiscal» al rebajar la carga tributaria a las rentas altas en materia como sucesiones o Patrimonio. Así, el «algún tipo mínimo» para todas las comunidades evitaría una competición entre estas por bajar impuestos a rentas altas que provocan, según defiende la Administración autonómica, una fuga de capitales con destino Madrid.
No es, sin embargo, el único punto en el que el informe (elaborado por los investigadores de la Complutense y la Rey Juan Carlos, Francisco Loscos y Jesús Ruiz-Huerta) señala a la autonomía que dirige Díaz Ayuso y equipara la desconexión madrileña con la catalana. En este sentido, destacan que sería necesario «proponer vías de acercamiento» para que tanto Madrid como Cataluña «participen en un proceso de negociación razonable, con nuevas propuestas y alternativas que permitan fortalecer y cohesionar el Estado descentralizado».
Regresando a la futura reforma (esperada, si la hubiere) de la financiación y todo lo relacionado con esta, desde el Foro de las Autonomías incidieron en el «grave problema que plantea la disparidad entre los resultados de financiación» que hay entre las comunidades de régimen común y las de régimen especial (Navarra y el País Vasco). Ante esto, indica la necesidad de «considerar posibles mecanismos de convergencia parcial», aunque admite las «innegables complicaciones».
No obstante, da también como solución para incrementar los recursos de las autonomías con peor financiación el «refuerzo» de los fondos de compensación interterritorial» que corrija «las anomalías más notorias» del modelo de nivelación —entre las que señala a la Comunitat Valenciana—, el acceso de las comunidades a los mercados de deuda e indica que «parece difícil» prescindir en estos momentos de los fondos extraordinarios del Estado.
Por último, también ayer, en una jornada del Consejo General de Economistas, expertos en la materia como el economista y exconseller catalán por el PSC Antoni Castells o el director de Fedea, Ángel de la Fuente, mostraron la necesidad de la reforma del modelo, que deja a la Comunitat Valenciana como la peor financiada, pero que no parece que vaya a ser posible pronto, con dudas de que sea en esta legislatura, aunque, casi parafraseando a Galileo, «se empieza a mover».
