Llega la octava edición del curso Francisco Brotons, por fin de manera presencial. ¿Qué nos va deparar esta cita? 

Vamos a analizar cómo tenemos que trabajar respecto a la eficiencia energética en los edificios. Se abordará desde el punto de vista institucional cuáles son los requisitos y finalidades que se están buscando desde Europa para conseguir un parque inmobiliario residencial de los edificios con huella de carbono cero, y cómo llegar a eso sobre todo en los edificios que tienen muchos años de antigüedad y que tienen que acometer una serie de obras para adaptarlos a cumplir esos estándares de eficiencia energética. Vamos a ver también la parte jurídica de qué decisiones deben tomar la comunidades para poder implementar ese tipo de actuaciones y obras del propio edificio.

Cuando en marzo de 2020 estalló la pandemia, una buena parte de la ciudadanía miró hacia sus administradores de fincas para saber qué podían y qué no podían hacer dentro de su comunidad de propietarios. ¿Cómo se vivieron aquellos momentos?

Con un poco de incertidumbre porque evidentemente fue una situación nueva para todos. Nadie había previsto tener que estar encerrado en un edificio sin posibilidad de salir a la calle. Eso generó una serie de dudas en cuanto a usos que no se habían estado dando a zonas y elementos comunes. Había gente que tenía interés, por ejemplo, en hacer gimnasia en la terraza colectiva o bajarse al garaje a correr... A medida que se fueron dictando las restricciones se nos obligó a interpretar cuáles se podían establecer como actuaciones admisibles y cuáles no. Por ejemplo, las juntas han ido oscilando en aforos permitidos y no permitidos, la posibilidad de celebrarse o no... y luego el uso de zonas comunes, si se podían utilizar las piscinas o los jardines y bajo en qué condiciones, etc. Teníamos que unificar un criterio para que no fuera cada comunidad un reino de taifas donde cada uno pudiera hacer lo que quisiera.

¿Se vieron respaldados por la Administración Pública?

Echamos en falta que la normativa hiciera una referencia explícita a las comunidades de propietarios. Al final teníamos que hacer una interpretación o extender lo que se aplicaba para la calle para las zonas comunes del edificio porque no había una regulación en la que se hablara de comunidades de propietarios ni de edificios como tal. Eso nos impedía tener una norma clara.

Teniendo en cuenta la relevancia que tuvo su papel, ¿se ha visto fortalecida la figura del administrador de fincas a raíz de la pandemia? 

Yo creo que sí. Hubo un antes y un después desde el momento en que la Delegación del Gobierno declaró la actividad del administrador de fincas como esencial durante la pandemia. A raíz de las entrevistas que hemos ido manteniendo pidiendo que se reconociese la peculiaridad de las comunidades de propietarios dentro de la normativa sí que es verdad que hemos percibido que la Administración Pública sí que ha querido saber nuestra opinión en determinadas situaciones antes de emitir o llevar alguna iniciativa adelante. Eso también nos ha abierto unas puertas que van a permitir tener un acceso más directo a la Administración Pública y que se nos tenga más en cuenta por parte de los poderes públicos de cara a aquellas actuaciones que entran en el ámbito de nuestro trabajo.

¿Qué garantiza la presencia de un administrador de fincas que esté colegiado?

Es un profesional con una contrastada formación previa, que es la que le permite colegiarse. Además, el colegio proporciona opciones de formación en diferentes ámbitos y materias de las que nos tenemos que desenvolver a diario; y también ofrece al profesional colegiado una serie de asesorías por materias como son la jurídica, la de ingeniería industrial, la de arquitectura, la de protección de datos... que nos permiten establecer un respaldo respecto a ciertas dudas. Y desde el punto de visto del ciudadano, tiene el respaldo de que el colegiado está sometido al régimen deontológico y disciplinario que marcan sus propios estatutos y las normas deontológicas del colegio.Además, el colegio funciona como una oficina de atención al consumidor con lo que cualquier cuestión que tenga que dirimirse entre la comunidad y el administrador se va a poder canalizar a través del colegio, y en el peor de los casos existe un seguro de responsabilidad civil profesional de ámbito colectivo y que ampara a todos los colegiados, lo que garantiza a la comunidad de propietarios que siempre va a haber un respaldo económico que pueda atender cualquier actuación que no sea correcta por parte del administrador.

¿Qué futuro inmediato y qué retos se le presentan al sector?

Por un lado, hacer entrar a las comunidades en las dinámicas de obras y actuaciones que marcan las directivas europeas en cuanto a la eficiencia energética porque habrá que hacer una labor de concienciación para que los propietarios sean conscientes de que esas tareas no solo son un objetivo político que se establece desde Europa sino que mejoran el bienestar de los propios edificios y del confort de las personas en el uso de las viviendas. Y, posteriormente, a la hora de su implantación, ser un nexo de unión entre las empresas que pueden llevar a cabo esos trabajos, las instituciones públicas que pueden tener subvenciones y bonificaciones fiscales y la propia ejecución posterior de las obras.