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La brecha con la autonomía mejor financiada aumenta un 77 % en una década

La diferencia entre la C. Valenciana y Cantabria se incrementa en 369 euros más por habitante desde 2009, de 473 euros a los 839 de 2019

Los presidentes autonómicos de Andalucía y Galicia, Moreno Bonilla y Núñez Feijóo, ayer en Sevilla. | MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EP

Que la Comunitat Valenciana es la más perjudicada con el actual modelo de financiación es una realidad verificable con cifras y asumida en todos los foros en los que se habla de la materia. El problema, no obstante, es que en un momento en el que se habla mucho de reformar el sistema, pero sigue sin haber cambios, ese lastre numérico no solo se está arrastrando con los años, sino que se está agrandando.

El actual modelo se aprobó en 2009 y desde entonces la distancia entre la Comunitat Valenciana (que empezó como la penúltima con menos ingresos per cápita solo por delante de Andalucía) y la autonomía con mejor financiación, Cantabria, no ha hecho más que crecer. En concreto, y según los datos del Institut d’Economia de la Universitat de Barcelona a partir de las liquidaciones de 2019 (último año disponible), la brecha de ingresos por persona se ha ampliado un 77 % entre ambos territorios.

Desde ese año, en ambos casos los fondos recibidos han aumentado (por la mayor recaudación de impuestos que forman parte del cálculo global), pero lo han hecho a una velocidad diferente. Así, las cantidades llegadas a partir del sistema de financiación a las arcas públicas cántabras y valencianas pasaron de los 2.376 y 1.903 euros por persona respectivamente a 3.508 y 2.669 euros por cada habitante.

Esto es, que mientras que por cada cántabro se han aumentado los ingresos en casi 1.200 euros en los últimos 10 años, por cada valenciano lo han hecho en poco más de 700 euros. En otros números: si en 2009 la distancia en los ingresos por habitante entre ambas comunidades era de 473 euros por persona, en 2019 había aumentado hasta los 839 euros. Esto es, 369 euros más por persona.

El actual modelo de financiación lleva caducado desde 2014 y su no revisión solo ha hecho que continuar y aumentar las diferencias. Por ejemplo, si, como tocaba según la ley, se hubiera hecho una revisión de los parámetros ese año, la distancia de ingresos por persona entre la mejor y la peor financiada sería de 100 euros menos a la actual.

Del sexto al último puesto

Los criterios de población ajustada que rigen el reparto con variables como la dispersión y el envejecimiento poblacional benefician actualmente a las autonomías más despobladas. Los datos del Institut d’Economia a partir de la liquidación de 2019 muestra perfectamente cómo el modelo de nivelación hace que comunidades con mayor peso poblacional pasen a la cola mientras se aúpa a aquellas con cifras densitarias más bajas.

En el caso valenciano, la Comunitat aparece como la sexta con mayor ingresos tributarios por persona (no se incluye ni a Euskadi ni a Navarra por tener otro régimen de financiación) pero tras la nivelación aparece la última en recursos totales. Justo al contrario que Extremadura que pasa del penúltimo puesto al tercero o La Rioja, que pese a recaudar un punto y medio menos que la autonomía valenciana cuenta, tras la batidora que supone el modelo, con 21 puntos más al final del recuento.

Los datos sirven para entender los dos grandes bloques que chocan en intereses por la financiación: el noroeste con Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Galicia, Asturias así como Aragón y Castilla-La Mancha (y que se reunirán el próximo mes) evitando una reforma que les mengüe recursos frente al mediterráneo con Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana rogando por un cambio de modelo que tenga más en cuenta el peso poblacional frente a otros elementos como la despoblación.

Feijóo y Bonilla piden negociar de forma multilateral

Feijóo y Moreno Bonilla son del mismo partido, el PP, pero representan a dos territorios con intereses muy dispares en la reforma de la financiación. Sin embargo, ayer plasmaron un acuerdo de mínimos señalando especialmente la responsabilidad del Gobierno central. Así, pidieron garantizar la igualdad entre ciudadanos, contar con servicios equitativos y negociar cualquier reforma en «órganos multilaterales» y no «bilateral» que den privilegios, mirando especialmente a Cataluña. Así, reclamaron más recursos en el sistema y recalcular el coste del servicio sanitario.

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