Equipos multidisciplinares en todas las provincias para que a los ciudadanos que quebraron las normas de confinamiento domiciliario en el primer estado de alarma se les devuelva el dinero de las multas que pagaron cuanto antes y de oficio. Es decir, sin que tengan que hacer nada más que aportar el número de la cuenta bancaria donde quieren que les sea reintegrado el importe.
Es la decisión salomónica que ha tomado el Gobierno tras reflexionar sobre cómo gestionar las multas de ese primer estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, después de que el Tribunal Constitucional declarase nulo en julio pasado el decreto-ley del Ejecutivo de Pedro Sánchez que lo había puesto en marcha.
Esa decisión, tomada hace unas semanas, trascendió ayer y supone, en el caso de la C. Valenciana, que el Estado deberá devolver a los valencianos que pagaron alguna (o varias) de esas multas un importe global que se estima en una cifra que se sitúa entre los 15 y los 20 millones de euros. Además, se anularán todos los expedientes que aún estaban en fase de tramitación.
Aunque en un primer momento el Gobierno había decidido devolver solo las multas ya pagadas cuando los ciudadanos lo requiriesen, finalmente se ha optado por hacerlo de oficio. Además, para que esa tramitación a la inversa sea lo más ágil y rápida posible, se han puesto en marcha equipos de trabajo en todas las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, en los que participan también la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía, el Tesoro Público y Política Territorial.
El estado de alarma habilitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario. El balance final dejó 1.142.127 multas impuestas en toda España; casi 170.000 en la C. Valenciana.
Según las cifras del Ministerio de Política Territorial y Función Pública obtenidas a través de la Delegación del Gobierno, de esas casi 167.936 propuestas de sanción, a finales de abril pasado solo había 24.225 en tramitación o ya tramitadas. De ellas, 12.047 habían sido pagadas con descuento; 557, archivadas; 8.895, resueltas con propuesta de sanción; y las 2.726 restantes, aún en fase de instrucción.
