La campaña electoral autonómica y municipal del Partido Popular en la Comunitat Valenciana de 2007 ya acumula una condena firme por delito electoral (caso Gürtel), tres piezas separadas en una instrucción judicial (caso Taula/Imelsa en relación a Alfonso Rus) y un juicio oral en ciernes por el presunto dopaje electoral continuado del PP en la ciudad de València (caso Taula). Aunque en este último juicio no sólo se juzgarán las presuntas trampas del PP de València ciudad en 2007, año en el que se disparó con pólvora para encumbrar a Rita Barberá al cielo electoral. La vista judicial examinará el presunto dopaje electoral que se extendió a 2011 y 2015 con diferentes técnicas y protagonistas. Un juicio que sentará en el banquillo de los acusados (a finales de 2022 o principios de 2023) a 49 concejales y asesores de la etapa de la alcaldesa de València entre 1991 y 2015.
En la pieza de la trama Gürtel que condenó por delito electoral a 18 personas -entre colaboradores de Francisco Correa, dirigentes populares y nueve empresarios- el PPCV declaró al Tribunal de Cuentas que su gasto electoral en 2007 ascendió a 175.000 euros. Pero el gasto electoral real realizado por la empresa Orange Market para los populares alcanzó los 1,2 millones de euros. Para ello, el PPCV «sobornó en diferido» a nueve empresarios valencianos «por pura ambición de permanecer en el poder», según la sentencia firme de la Audiencia Nacional.
A nivel local, el PP de la ciudad de València también orquestó presuntamente su propia estrategia de financiación ilegal en 2007 a través de dos vías: las «aportaciones» de empresarios y el desvío de dinero del erario público. El partido liderado por Barberá firmó para la campaña electoral un contrato con la consultora Laterne Product Council por 175.000 euros. Aunque según el titular del Juzgado de Instrucción 18 esta cifra podría ser de varios millones. De hecho, un total de 15 contratistas del Ayuntamiento de València «aportaron» a la consultora Laterne Product Council, o sus empresas satélite, 2,6 millones de euros a cambio de trabajos que ninguna empresa ha podido justificar.
La otra vía de presunta financiación ilegal elegida fue la de inyectar dinero en tres fundaciones municipales (CEyD, FTVCB y FIVEC), controladas por el vicealcalde Alfonso Grau, que, a su vez, contrataban trabajos «inexistentes» por 1,3 millones con Laterne Product Council o sus tres filiales satélite. Estas últimas están consideradas por el magistrado como meras «empresas pantalla» sin trabajadores ni medios.
La estrategia se repitió en 2011 con algunos protagonistas distintos. Tras el cierre de Laterne, el vicealcalde y coordinador de las campañas electorales, Alfonso Grau, recurrió a la empresa Trasgos Comunicación para su campaña electoral, en la que declaró 167.678 euros pero se gastó 277.129 euros. La cifra podría ser aún mayor, ya que cinco contratistas del ayuntamiento también «contrataron» con Trasgos trabajos por 441.799 euros, que tampoco han sido aportados. En total, 4,5 millones recaudados durante las contiendas electorales de 2007 y 2015. Para la campaña electoral de 2015, ya sin Grau, el grupo popular recurrió presuntamente al «pitufeo».
