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El Consell aplicará la subida salarial del 2% al personal funcionario

Se trata de la subida contemplada por el Estado y afectará a 193.000 personas con un gasto de 197 millones

La consellera Bravo ha presidido la Mesa General de Negociación

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y la Directora General de Presupuestos, Eva Martínez, han trasladado esta tarde a los representantes de los sindicatos de la Mesa General de Negociación que el anteproyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para el 2022 contempla un aumento salarial del 2 por ciento para el personal empleado público. Este incremento viene marcado por los presupuestos generales del Estado, por lo que la Generalitat está obligada a aplicarlo a su plantilla. Según fuentes del departamento de Bravo este aumento del 2 por ciento se aplicará a las retribuciones de las plantillas de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, así como las sociedades mercantiles de titularidad autonómica, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público, centros educativos concertados, las universidades y centros universitarios dependientes de la Generalitat. En total ,se trata de unas 193.000 personas y supondrá una cuantía aproximada de 197 millones de euros. Si se aprueban los presupuestos generales del Estado, el incremento salarial se hará efectivo en enero.

Además, el anteproyecto contempla que las entidades y personas jurídicas afectadas por la norma podrán realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo o contratos de seguros colectivos siempre que el incremento no supere el 2 por ciento respecto a la anualidad anterior.

Por otra parte, Gabriela Bravo ha detallado a los representantes sindicales las modificaciones técnicas que, en materia de Función Pública, se propondrán para su inclusión en el anteproyecto de Ley de Medidas de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2022. Al encuentro también ha asistido el director general de Función Pública, David Alfonso.

Se trata de varios cambios que afectan, entre otras cuestiones, a la homologación de titulaciones con las que optar a una plaza pública. La nueva ley de función pública entró en vigor recientemente, pero ya ha requerido varias modificaciones.

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