La Comunitat Valenciana, Extremadura y Asturias son, por este orden, las comunidades con más opciones para acoger la sede del futuro Centro Estatal de Salud Pública. Se cumple así una de las recomendaciones de los expertos de que la entidad se aleje de la centralidad metropolitana. Es decir, de Madrid.
La primera es la autonomía que más papeletas tiene para el emplazamiento de este organismo llamado a responder ante futuras crisis sanitarias como la del coronavirus y del que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), sería el «gran posible» director.
Tras la embestida de una pandemia que cogió por sorpresa al mundo entero, que España cuente con un centro estatal de salud pública es una de las grandes apuestas del Gobierno. Un organismo que, según el Ministerio de Sanidad, nos permitirá anticiparnos a futuras epidemias y mejorar la red de vigilancia existente. También conectarla con las comunidades autónomas, la agencia europea HERA (Health Emergency Preparedness and Response Agency) o el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).
La intención del Ejecutivo es que esté creado por ley antes del segundo semestre de 2022. Desde el ministerio indican que actualmente se está en un periodo de consulta y que el lugar donde se ubicará no es un aspecto que se vaya a decidir de un momento a otro. Todavía tiene que determinarse el modelo que se creará, apostillan. Sin embargo, el entorno de la ministra Carolina Darias ya ha despejado una primera incógnita: el centro se ubicará fuera de Madrid. Entre las comunidades con más opciones, la valenciana, según ha podido saber este periódico a través de expertos en salud pública que, con sus aportaciones, están trabajando en el diseño del centro. Extremadura y Asturias son, por este orden, otras de las regiones que se perfilan.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) ha elaborado un informe con puntos concretos para facilitar las decisiones sobre cómo debe articularse la nueva entidad. Considera que es «oportuno» que se aleje de la centralidad metropolitana en línea con las políticas territoriales de futuro que pretenden descongestionar las áreas de alta densidad demográfica y facilitar la distribución social y económica en todo el territorio.
Descentralización
En la misma línea se pronuncia Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), que valora positivamente la creación del organismo. Eso sí, piden que, en su desarrollo, cuenten con la participación de estos profesionales. Así lo ha recogido el Consejo en sus sugerencias al anteproyecto de ley. «Esta descentralización es un proceso consolidado en Europa y con ejemplos en España. Las agencias europeas están repartidas entre los países miembros, contando España con cuatro de ellas. En nuestro país hay ejemplos de organismos con sede fuera de Madrid, como los Centros de Referencia Estatal del Imserso con siete de los nueve existentes ubicados fuera de la capital», indica Aguilar a este diario.
Hasta el momento, indican desde el Ministerio de Sanidad, se han recibido 50 aportaciones –de sociedades científicas, colegios profesionales, asociaciones de pacientes, sindicatos, particulares...– al trámite de consulta pública previa al anteproyecto de ley de creación la entidad, que se cerró el 13 de octubre. Aún se está en el proceso de integrar todas estas aportaciones y se han hecho -y seguirán haciendo, matizan- reuniones con esos mismos grupos para seguir trabajando en su diseño.
El departamento que dirige Darias quiere que el organismo sea un centro de excelencia que aglutine las competencias hasta ahora dispersas: por un lado, la vigilancia en salud pública, evaluaciones de riesgos y análisis de la situación en salud de la población y, por otro, la preparación del sistema sanitario ante posibles amenazas, como ha sucedido con la pandemia, principalmente de carácter epidemiológico. Se encargará también del seguimiento y la evaluación de la estrategia de salud pública.
Desde Sespas abogan por que la entidad se configure como Agencia Estatal de Salud Pública (AESP). Así consta en su informe, entregado el 7 de octubre. Un documento que también se envió a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y a la Comisión de Sanidad del Senado. En una reunión posterior con la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón Fernández, y la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, el debate se centró, directamente, en los puntos más ambiguos. Como las funciones específicas de asesoramiento o la necesidad de que se entienda la creación de este organismo como algo que debe estar «por encima de los nichos e instituciones ahora existentes».
