El titular Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Castelló ha levantado la medida cautelar adoptada por otra magistrada -en un auto fechado el pasado 15 de octubre- y solicitada por Abogados Cristianos que acordaba la suspensión de la entrega y retirada de 32 libros de temática LGTBI en 11 institutos y un centro público de la ciudad al considerar legal la actuación del ayuntamiento, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Tras analizar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Castelló y el Ministerio Fiscal, el magistrado entiende que la actuación administrativa impugnada «tiene un fundamento legal directo en la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana».
Así, su artículo 2.1 dispone que «la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos, así como cualquier entidad de derecho público o privado vinculada o dependiente de estas instituciones, garantizarán el cumplimiento de la ley y promoverán las condiciones para hacerla efectiva en el ámbito de sus respectivas competencias».
Según recoge la resolución, que puede ser recurrida en apelación, «no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal», así como tampoco de que el contenido de los materiales -libros donados- atente contra los derechos humanos, en los términos que indica la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat.
La donación de los libros se enmarca en la previsión expresa contenida en dicho texto legal, al afirmar el mismo «que todas las bibliotecas de su titularidad -Generalitat Valenciana- y las bibliotecas de titularidad municipal cuenten con un fondo bibliográfico y filmográfico específico en materia de identidad de género, expresión de género, diversidad sexual y familiar».
«No se ha probado, en definitiva, que la actuación impugnada pudiera causar perjuicio alguno (...). Acordar la medida cautelar en este caso equivaldría a dejar la aplicación de las leyes vigentes al arbitrio de los intereses o valoraciones subjetivas de los particulares», concreta el auto.
Abogados Cristianos recurrirá
Por su parte, la Fundación Española de Abogados Cristianos anunció, en un comunicado, que recurrirá la decisión del juzgado. Su presidenta, Apolonia Castellanos, señaló que el juez, en este auto, «desoye el informe del Ministerio Fiscal». Además, añadió que «se trata de un ataque contra la religión, la libertad de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y contra el interés del menor, instruyéndoles en pornografía, prostitución y sexo con drogas».
La Concejalía de Cultura informó de que se había hecho entrega de una colección de 32 libros «con perspectiva y temática LGTBI» en once institutos públicos de la ciudad y en el Centro de Pi Gros. La iniciativa, centrada especialmente para el estudiantado de entre 12 y 17 años, pretendía «fomentar la convivencia en igualdad, la tolerancia y el respeto a la diversidad», según explicó el consistorio.
Entonces Abogados Cristianos interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el reparto, y la suplente del juzgado número 1 aceptó la medida cautelarísima solicitada para proceder a la retirada de las guías de temática y perspectiva LGTBI.
