La ley autonómica que blinda el Fondo de Cooperación Municipal quedó aprobada ayer con los votos del tripartito de izquierdas (PSPV, Compromís y Unides Podem) y el rechazo de todo el bloque de la derecha. El PP ya anunció en el debate de totalidad que acudirá a los tribunales porque en su opinión lo único que busca el Consell es el control de la Diputación de Alicante, la institución valenciana más relevante en poder de los populares y que dirige su actual presidente, Carlos Mazón.
El Botànic defiende la necesidad de esta normativa para impulsar la autonomía municipal y señalan que se trata de un fondo previsto en el Estatut d’Autonomia que se regula a través de una norma que aprobó el Consell a finales de 2020. El director general de la Administración Local, Toni Such, aseguró tras la aprobación de la ley que el Consell ha cumplido con el compromiso asumido de garantizar mediante una norma el fondo de cooperación.
De esta manera, asegura, se da seguridad jurídica a este sistema de financiación para los municipios que prestan servicios públicos esenciales desde la proximidad, con el fin de garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía en el marco de sus competencias.
La Generalitat mantendrá su aportación al proyecto para el próximo año con un importe de 40 millones, que se sumará a las aportaciones de las diputaciones adheridas al fondo, es decir de Castellón y Valencia. Such asegura que el fondo, que rechaza la de Alicante, ha supuesto una inyección de 330 millones de euros en estos cinco años para los municipios de la Comunitat Valenciana.
