El juez del caso Taula también ha dado por finalizada la pieza separada E del caso Taula que investiga el presunto amaño de los contratos en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, durante la etapa de Maria José Alcón como la limpieza de las fachadas de la Llotja, la intervención en las Torres de Quart y la restauración de los puentes históricos de Serranos y la Trinidad, según acaban de informar fuentes del Tribunal Superior de Justicia.
Los investigados contra los que se dirige la causa son el que fuera empleado de la Fundación Jaume II el Just hasta su nombramiento como gerente de la empresa pública Imelsa y autoconfeso yonqui del dinero Marcos Benavent, y cuatro representantes legales de varias empresas adjudicatarias: Carlos Vicent Gil (adjudicatario de las obras de la Lonja y los puentes históricos, aunque vendió su empresa en 2005); Carlos Turró Homades (responsable de Cleop, la adjudicataria de las torres de Quart); Rafael García Barat y Enrique Aleixandre Chumillas por los contratos de la Mostra.
Los contratos investigados se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de Valencia como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad. También se refieren a la XXVII edición de la edición del festival de cine de la Mostra. La investigación sobre el centro cultural la Rambleta, que estaba incluida en esta pieza separada ya se archivó en 2017.
El magistrado expone en la resolución que los hechos investigados podrían revestir indiciariamente caracteres de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos. También aprecia un posible delito continuado de cohecho por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de las adjudicaciones.
La resolución, que puede ser recurrida, sobresee la causa contra la que fuera concejal de Cultura de Valencia María José Alcón, fallecida en 2018, y el sobreseimiento provisional y parcial de la causa respecto de otros cinco investigados. El instructor da traslado a la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de València, para que en el plazo de veinte días soliciten el sobreseimiento de las diligencias o la apertura de juicio oral.
