La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, reclamó ayer al Ministerio de Justicia la elaboración de «un plan de choque» para aliviar la carga de trabajo de los juzgados de lo civil y lo social porque la pandemia «ha supuesto un incremento de la carga de trabajo de más de un 50 %», hasta el punto de que la consellera ha mostrado su «preocupación» porque se señalan juicios en estas jurisdicciones «para finales de 2023 y principios de 2024». Así se expresó ayer la consellera en la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia que tuvo lugar en Madrid presidida por la ministra, Pilar Llop.
Para Bravo, «hay que dar una respuesta» porque «estamos hablando de reclamaciones que afectan a indemnizaciones por despido, pensiones, y otras causas relacionadas con nuestro tejido productivo que no pueden esperar tanto tiempo».
En este sentido, la consellera aseguró que la Generalitat «está dispuesta a aportar todos los recursos necesarios en materia de personal» para abordar esta situación mediante la creación de nuevos órganos judiciales.
Bravo también pidió «flexibilidad y participación» al ministerio a la hora de gestionar los fondos europeos en el ámbito de la Administración de Justicia para 2022 y 2023. Según Bravo, las comunidades autónomas «debemos tener voz a la hora de marcar los criterios y los objetivos de estos fondos» y más aún al considerar que muchas comunidades, como la Valenciana, «estamos inmersos en un proceso de modernización y digitalización de la Justicia».
