Un acuerdo siempre es bueno, pero el recorrido deja heridas, más en este caso donde se llega a una solución tan de compromiso que no evita incumplir estrictamente los términos de la ley. Una solución donde puede que todos consigan la apariencia de que ganan, pero donde han perdido bastante también. Y un acuerdo que dice mucho del estado de ánimo de la coalición de izquierdas tras seis años largos de convivencia.
Lo dijo el viernes la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra: el Consell no había hablado de los presupuestos de 2022 en el pleno de ese día. Un gobierno que reúne a todos sus miembros y no habla del problema acuciante que tiene para cerrar las cuentas dice bastante de su estado. No es el mejor. Se hace difícil de explicar que no hablen porque han delegado todo en una comisión, la cual a su vez se ha visto que no podía tomar una decisión final sin el visto bueno de cada departamento. Se habla mucho del diálogo y se practica poco, al menos con naturalidad, sin encorsetamientos. No hablar de lo que importa es un error y, sobre todo, un problema.
El acuerdo político de esta tarde ayuda a maquillar la situación, pero en puridad el Gobierno valenciano se saltará al finalizar el día de hoy el precepto legal, recogido en dos normas (el Estatut d’Autonomia, artículo 76.4, y la ley de Hacienda), que dice que los presupuestos anuales de la Generalitat se llevan a las Corts dos meses antes de que acabe el año. No los presenta, pero los tiene pactados, alega.
Vale, pero incumplir la ley debería ser importante. Es verdad que forzando el calendario parlamentario hay un margen de días para aprobar las cuentas en la Cámara antes del 31 de diciembre, con lo que el espíritu de las leyes citadas se acatará. Como dijo la portavoz en su comparecencia del viernes, se incumplirá un procedimiento administrativo para garantizar los derechos (también legales) de muchas personas de tener los mejores presupuestos.
Es un argumento, sí, pero cualquier gobierno pisa terreno democráticamente resbaladizo cuando empieza a decidir por su cuenta qué leyes ha de cumplir y cuáles, no. No parece la mejor democracia aquella en la que los gobernantes se toman la prerrogativa de decidir qué preceptos han de seguir; qué sentencias valen y qué otras, no. Es una pulsión que empieza a asomar en los nuevos ejecutivos de coaliciones de izquierda de manera peligrosa.
La actuación del Gobierno valenciano al incumplir el procedimiento administrativo del plazo legal de presentación de los presupuestos es equiparable a la del ciudadano que paga un impuesto fuera del tiempo fijado. Cumple con el objetivo final de la norma (pagar), pero aún así se le aplica una penalización por no hacerlo a tiempo. Es verdad que no pasa nada grave por saltarse unos días el plazo legal, pero el mensaje es negativo. Es un error haber llegado hasta el extremo de vulnerar una norma, en especial porque este gobierno tiene experiencia y conoce los pasos, y dificultades, para sacar adelante un presupuesto. Pudo conectar antes la maquinaria.
El papel de la comisión
El Botànic optó en esta ocasión por una comisión política, con representación de los tres partidos (PSPV, Compromís y Unides Podem), para elaborar las cuentas. El objetivo era evitar el enfrentamiento del año pasado entre Hacienda y el departamento de Oltra (Igualdad) por las cuentas de este. La comisión se ha demostrado ineficaz porque al final el presupuesto se retrasa más de lo legalmente aceptable y no ha evitado tampoco que todo acabe en la dinámica habitual de qué conselleria recorta más después de que la comisión trabajara sobre una previsión de ingresos exagerada. Las medidas políticas que concluyen en un resultado peor que la situación de partida son un error. Es un error (visto también en otros gobiernos de izquierda, como el de España en el caso de la reforma laboral) enfrascarse en metodologías del diálogo antes que en el diálogo.
Y es un error el panorama al que se ha visto obligado a enfrentarse el Consell. O daba por bueno vulnerar el plazo legal de aprobación del proyecto de presupuestos y fuerza el calendario parlamentario para que haya cuentas de 2022 el 1 de enero o prorrogaba las del año en curso. No iba a ser un cataclismo, como dijo el viernes la vicepresidenta. No sería una catástrofe, ha pasado y pasa en otros lugares, pero el error es que al final cualquier solución era negativa. Aquello de Guatemala o Guatepeor. La imagen de desgaste y desconfianza que finalmente ofrece el Botànic es sobresaliente. Lo que hiciera, en todo caso, era un regalo a la oposición de derechas, porque se podía haber evitado.
Ximo Puig ha tenido ante sí durante las últimas horas el dilema. Una parte socialista del gobierno defendía que era mejor transigir (una vez más) en pro de la estabilidad, porque esta siempre favorece al PSPV-PSOE. Otra parte sostenía que no se podía dar por bueno un marco de acción que supone pasar por alto preceptos legales y pedía plantarse ante el «chantaje» (literal) de la vicepresidenta. En esa línea, Presidencia de la Generalitat envió el viernes un ultimátum (o presupuesto el domingo o un escenario desconocido, dijo). Es otro error jugar de farol. Aunque se pueda vender ahora que en ocasiones conviene ceder por el bien común y la solvencia del gobierno.
Hubo solución de compromiso al final, pero el ejecutivo sale tocado, con más desconfianza interna entre una izquierda que parece que le cuesta comprender que está condenada a entenderse si quiere gobernar. Y, sobre todo, si le interesa gobernar bien. Y nadie parece que pensó que este nuevo episodio de tensiones y desencuentros sucede cuando distintos indicadores señalan que el Botànic ha salido en buena situación clínica de la pandemia, con una aceptación alta de su gestión por la mayoría de ciudadanos. ¿Tanto esfuerzo para tanto tacticismo ahora?
