La muerte de 10 burros en un proyecto, en principio, tan inofensivo como sostenible porque pretendía utilizar animales para la prevención de incendios, le costó el cargo la semana pasada al director general de Medio Natural y un expediente disciplinario a dos funcionarios de la Generalitat, el director del parque natural del Desert de les Palmes, Toni García y la Jefa de Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos. Demasiadas preguntas cruciales siguen en el aire. En el plano político todo apunta a que esta semana, sí, habrá sustituto para Benjamín Pérez, y procederá de VerdsEquo.
En noviembre del 2020, el ganadero Juan Lebrián propone al parque natural del Desert de les Palmes un proyecto de aprovechamiento forestal en el que participarían medio centenar de burras (eran todas hembras). Tras un par de negativas de la Conselleria, el 22 de junio, el director general de Medio Natural da el visto bueno a la iniciativa. El 4 de agosto, los animales llegan a las parcelas escogidas y acotadas donde los animales iban a permanecer varios meses.
Asegura el propietario de los asnos que, apenas 15 días después de su llegada comenzó a detectar que «pasaban cosas», como que le cortaran el cercado eléctrico, la desaparición de varios cencerros o la detección de mordeduras en algunas reses. Tanto de las incidencias como de sus sospechas de sabotaje dio cuenta al director del parque, con el que asegura mantener una comunicación fluida y una colaboración permanente.
La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, establece esta fecha como la que marcó el punto de inflexión. Y fue por un hecho extrañamente casual. Alguien etiquetó a la Generalitat en un tuit en el que denunciaba la presencia en Cabanes de un burro malnutrido. Al interesarse por él les comunicaron que existía un proyecto en el Desert precisamente con asnos, pero que se había suspendido. El burro del tuit no pertenecía al proyecto, pero abrió esta particular caja de Pandora y todo se precipitó.
El 18 de octubre hay una reunión en Conselleria con el director general, la jefa del Servicio de Medio Ambiente y el director del parque. El escándalo de los 10 burros muertos ya había llegado a la prensa. La consellera no sabía nada, de ahí que encargara un informe a Toni García, a partir del cual ordenó abrir un expediente de investigación que arrojó detalles relevantes días después.
Pese a las sucesivas incidencias y sospechas que motivaron la instalación de cámaras y una serie de vigilancias nocturnas durante el mes y medio de proyecto, la primera notificación oficial de que algo anormal estaba pasando no llegó a la Conselleria hasta el 22 de septiembre. Ya hablaban de 8 burros muertos. La noticia no fue más allá de la jefa de servicio. El 8 de octubre llegó otro escrito del director del parque. Abortaban la iniciativa. Habían muerto 10 animales. Ni la consellera Mireia Mollà ni su gabinete tuvieron noticias.
El 20 de octubre los burros tienen la primera revisión veterinaria desde agosto. Detectan estrés por acoso y toman muestra --de vivos y cadáveres-- para definir qué podía haberles pasado. La consellera anuncia responsabilidades por unas muertes «que no debían haberse producido». Las dudas, persisten.
