Presidencia de la Generalitat tuvo encargado este último fin de semana de vértigo presupuestario un informe jurídico para prorrogar las cuentas sin afectar a la riada de millones europeos que debe apuntalar la recuperación de la economía valenciana y sentar las bases de un nuevo ciclo social. Al final, los órdagos quedaron en palabras al viento y los tres partidos del Gobierno del Botànic pactaron unas cuentas saltándose por primera vez el plazo de presentación a las Corts previsto en el Estatut d’Autonomia.
El proceso de elaboración de las cuentas de la Generalitat no ha sido menos dificultoso y espinoso que el de 2021, a pesar de aplicar un nuevo método a través de una comisión política con los tres socios por encima de la Conselleria de Hacienda. ¿Se puede repetir esta tensión el año próximo en estas mismas fechas? No, aseguran en privado representantes del Ejecutivo consultados por este diario. Y no lo dicen como invitación a mejorar el proceso y bajar el tono a la próxima, sino porque entienden que estas serán las últimas cuentas del Botànic II.
Las elecciones valencianas deberían ser en abril de 2023, si se agota la legislatura. Significa que los socios se verían inmersos en la pelea presupuestaria, con el desgaste de imagen creciente que ha supuesto en los últimos ejercicios, a seis meses, como mucho, de desempolvar las urnas. Ante ello, y a la vista de las últimas experiencias, una línea de opinión importante en el Palau de la Generalitat es evitar el trance y sus consecuencias.
Una opción, claro, es el adelanto electoral al otoño de 2022. Es una posibilidad conocida en Presidencia. El inconveniente es que la recuperación de la pandemia va a ritmo más lento del esperado. Los últimos análisis de los laboratorios económicos indican que España no crecerá tanto como se esperaba. Quienes han defendido en ámbitos socialistas las bondades de un anticipo de los comicios a octubre o noviembre de 2022 lo justificaban en que debía de ser apreciable ya entonces el efecto de la recuperación y de los fondos llegados de la Unión Europea. Esa condición empieza a no estar tan clara.
Otra opción es no tocar el calendario electoral y prorrogar las cuentas de 2021, claramente expansivas y con un armazón ya preparado para las ayudas europeas. El inconveniente es que la decisión no dejaría de transmitir cansancio y desgaste de la coalición de izquierdas que gobierna desde 2015. Sobre todo si no es una posición compartida de todos los socios. El contexto de cuatro o cinco meses de gobierno con presupuestos prorrogados a pesar de la oposición de alguno (o algunos) de los partidos de la coalición es claramente tóxico para la izquierda.
Existe una posibilidad intermedia: un adelanto mínimo, de semanas, de la cita a las urnas, como sucedió en 2019, cuando se celebraron en abril y no en mayo, con las municipales. La prórroga de las cuentas sería casi técnica si las elecciones fueran en enero o febrero de 20203, para dar la oportunidad al ejecutivo entrante de confeccionar sus presupuestos (posiblemente pensando en un horizonte de dos años) y no heredar los elaborados por otro equipo, aunque los rostros puedan ser muy parecidos si hay Botànic III.
A la hora de adelantar pesará también si el Gobierno de España va por ese camino también (como en 2019, cuando coincidieron). Pero lo evidente es que el calendario electoral hará que el jefe del Consell, Ximo Puig, tenga que pensar bastante (por su cuenta y con los socios de coalición) qué hace en 2022 con los presupuestos. De embarcarse en esa empresa en las fechas habituales, debería ser con garantías (compartidas y recíprocas) de que la negociación no deriva en batalla declarada, algo difícil cuando los intereses partidistas estarán en ebullición.
