El Consell aprobó ayer los presupuestos de la Generalitat para 2022, unas cuentas expansivas que rozan los 28.000 millones de euros (27.967 millones) tras crecer un 9,1 % respecto a 2021. El incremento, que se traduce en 2.340 millones más de gasto, tiene lugar en un contexto de superación (o al menos, de control) de la pandemia y con la esperanza puesta en la recuperación económica.
Ahora bien, estas cuentas, las séptimas botánicas, se estiran gracias a una previsión de ingresos que en buena parte será fallida ya que el Consell incluye un segunda partida reivindicativa para compensar la infrafinanciación y que se suma a la de 1.336 millones que el Botànic incorporó en 2016.
El nuevo fondo, bautizado como «de transición hacia la nueva normalidad», asciende a mil millones y, como ocurre con el anterior, no está consignado en los presupuestos generales del Estado. Esta nueva partida, la principal sorpresa de estas cuentas, busca compensar la eliminación del fondo extraordinario covid que el Gobierno aportó a las comunidades el año anterior para ayudarles a hacer frente a los gastos derivados de la pandemia y que ahora ha eliminado.
En un contexto de infrafinanciación, con un objetivo de déficit del 0,6 %, y con menos transferencias del Estado por la liquidación del sistema, ha sido la fórmula escogida para, según explicó el conseller de Hacienda, Vicent Soler, converger en gasto con la media española.
Gasto social histórico
Esta partida no es ajena a la trastienda política de estos presupuestos, los primeros aprobados fuera del plazo tras el tira y afloja entre el PSPV y Compromís por el alcance de los gastos. La pelea interna se ha traducido en un documento económico con un gasto histórico en partidas sociales (17.300 millones de euros), aunque con unos ingresos con pies de barro y que abocan al Consell a aumentar su déficit y por tanto, su deuda.
«Estamos infrafinanciados y no cometemos ningún pecado», clamó Soler, quien compareció para explicar unos presupuestos que, por primera vez, han sido negociados en una comisión política (impulsada por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra) y que ha mermado el papel que hasta ahora ha tenido su departamento.
Otros pilares sostienen estas cuentas que, sumando el sector público, superan los 31.682 millones. Unos más firmes que otros. Así, se consigna el llamado Foga histórico, la deuda que tiene el Estado por el gasto sanitario de los desplazados, pero que pasa de 370 a 725 millones, tal como este verano reclamó la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Además, se incluye la reivindicación del pago de la dependencia hasta el 50 %.
Por la vía de los tributos propios y al calor de esa confianza en el crecimiento económico (se prevé que el PIB crezca un 6,3 %), suben los ingresos. El impuesto de transmisiones patrimoniales (que grava la compraventa de la vivienda) se espera recaudar 1.679 millones, un 56 % más.
Los presupuestos también se sostienen gracias a los fondos europeos que en toda su variedad suman 1.795 millones y financiarán proyectos en la mayoría de las conselleries. Es por ello que Soler bautizó estas cuentas como las de la recuperación. De hecho, hay un incremento de las inversiones de un 58,4%, hasta superar la barrera de los 3.121 millones en buena medida por estos fondos.
