La denuncia del Partido Popular contra la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, está ya en manos de la Fiscalía Provincial de Castelló, de quien están a la espera de que les confirme oficialmente la admisión a trámite de la investigación por un presunto delito de maltrato animal, según avanzó ayer la diputada autonómica, Elisa Díaz.
Mientras, esperan una comparecencia anunciada por la consellera para la que todavía no hay fecha, aunque los populares ya avanzan que no será en la comisión de noviembre, «pues el orden del día ya está cerrado y no lo van a cambiar», por lo que exigirán que se produzca, como muy tarde, en la del mes de diciembre.
Entre otras explicaciones, Díaz espera que Mollà conteste a las diferentes preguntas que ya le han trasladado por escrito, la mayor parte de las cuales solicitan el detalle de los informes y autorizaciones vinculados con el proyecto de prevención de incendios con burros que le ha costado la vida a 10 de los animales en cuestión en mes y medio sin que en su gabinete, según la consellera, tuvieran noticias de su existencia.
Para la popular Elisa Díaz, las responsabilidades políticas de Mollà son incuestionables, tanto si es cierto que no sabía lo que estaba pasando como si en realidad tenía conocimiento, en ambos casos, según defiende, se demostraría su «incapacidad para gestionar esta área».
Parcela sin condiciones
Desde el Partido Popular incidieron ayer en que, entre los documentos que han solicitado estaría uno al que no se ha hecho mención hasta el momento, en el que veterinarios de la Generalitat informarían en contra del desarrollo del proyecto, porque la parcela no respondería a las características que se requerirían, según la normativa, para llevarlo a cabo.
La diputada popular incide también en las incongruencias que han salido a la luz, porque mientras el ganadero señala que le invitaron a participar en la iniciativa, desde Conselleria aseguran que fue él el quien lo solicitó.
A pesar de que Mollà afirmó que todas las reses tenían el registro REGA, desde el PP tienen dudas, pues les habrían informado de que el proyecto precisamente se impulsó para conseguirlo.
Según Díaz, toda esa información, que no han podido consultar ni corroborar, demostraría, de ser cierta, que los burros «nunca deberían haber ido al Desert de les Palmes». La iniciativa, sin embargo, ha sido probada en otros puntos del territorio español con buenos resultados en la prevención frente a los incendios, por la labor que desempeñan los equinos eliminando vegetación.
