Decenas de activistas de la PAH han evitado hoy el desahucio de Carmen, una mujer de 87 años, enferma y sin alternativa habitacional, que se enfrentaba a una orden de lanzamiento pese a que no debe ni una sola cuota de su alquiler de renta antigua. El desahucio estaba programado a las 11:30 en el barrio de Patraix, en València, pero finalmente la comisión judicial decidió no ejecutarlo, dejándolo en fecha abierta.

El dueño del inmueble es un gran tenedor de vivienda (más de 10 pisos) y la denunció en agosto por un supuesto incumplimiento de las condiciones del contrato. Ante esto, el juez ha decidido dar luz verde al lanzamiento pese a que todavía no se ha celebrado el juicio de apelación programado para el próximo día 17 de noviembre en la Audiencia Provincial, que determinará si efectivamente Carmen incumple o no su contrato. Pese a todo, el juez ha decidido seguir adelante con el desahucio. 

Carmen es una de las pocas inquilinas de renta antigua que quedan en su finca. “Están ella y otra mujer, el resto son todo erasmus a los que les alquilan las habitaciones por 400 euros al mes o incluso más”, cuenta el nieto de la afectada. Según denuncia la familia, la intención real del dueño, que ya ha intentado desahuciar a Carmen varias veces, es poder hacerse con el piso para ponerlo a precio de mercado.

"No se puede tirar a la calle a una mujer de 87 años, enferma y sin alternativa, es una barbaridad”, denuncia la PAH.

Además de los activistas, la concentración ha estado acompañada de una fuerte presencia policial, con tres furgones y 9 agentes custodiando la puerta. Por la parte de los activistas, apenas han rozado la treintena de personas, que se han disuelto a las dos de la tarde ante la comunicación (todavía no por escrito) de que no se iba a ejecutar el lanzamiento. 

“La gran pregunta es si el desahucio ha quedado en fecha abierta y pueden venir mañana, o pasado, sin avisar a dejar en la calle a Carmen. Nos parecería una vergüenza que esto fuera así”, denuncia la PAH. Añaden que “lo han hecho otras veces en València, por eso en la ley de vivienda que propuso la PAH rechazamos estos llamados ‘desahucios en abierto’”, dicen. 

Varios activistas de la PAH G.Sánchez

Ella no debe nada, ni un solo mes de contrato, pero el dueño la denuncia diciendo que había tenido perros en la casa y está prohibido. Carmen ha apelado diciendo que son de su hija, que cada cierto tiempo viene a verla, y la demanda todavía está pendiente de resolverse”, cuenta Delifina Sánchez, portavoz de PAH Valencia. “La interpretación judicial es un sinsentido ¿Cómo que desahucio provisional? La mujer vive sola sin alternativa y ha sido operada recientemente ¿De verdad el juez no puede esperar 15 días a que se resuelva la demanda?”, denuncia Sánchez. 

Derecho a la tutela judicial efectiva 

Pura Peris, directora general de Emergencia Habitacional de la conselleria de Vivienda, asegura que han estado toda la mañana haciendo llamadas. Se pusieron en contacto con la abogada de Carmen en agosto “para ofrecerle asesoramiento y una batería de resoluciones que la pudieran ayudar”. Desde entonces trabajan en el caso que le notificó la PAH. “Parece que había desavenencias vecinales, que el propietario denunció y decidió dar por zanjado el contrato con Carmen. Nosotros lo que pedimos es, al menos, el derecho a tutela judicial efectiva, que se celebre la vista y se determine si la afectada cumplió o no su contrato. Creemos que es lo que más se ajusta a derecho”, dice Peris. 

“Recordemos (prosigue Peris), que seguimos con el escudo social aprobado por el Gobierno hasta febrero. Y estamos hablando de una mujer de 87 años, enferma, sin alternativa y con una demanda interpuesta que todavía no se ha resuelto, pedimos por lo menos que se celebre la vista antes de decidir”, explica. 

Sobre la posibilidad de un desahucio de fecha abierta, Peris ha asegurado que “el juzgado deberá comunicarse ahora con la abogada para darle la nueva fecha de lanzamiento ya que no se ha celebrado hoy”. 

Fallos en el escudo social 

Desde PAH València criticaron la poca efectividad del decreto anti desahucios y el escudo social dictado por el Gobierno y recientemente renovado hasta febrero en casos como este. “¿Por qué no lo aplican los jueces? Siempre nos encontramos interpretaciones que dicen que no se debe aplicar, aquí no hay ni siquiera impago de deuda y la norma se supone que garantiza el derecho a una vivienda digna. No se puede tirar a la calle a una mujer de 87 años sin alternativa, es una barbaridad”, denuncia la PAH.