Una sentencia del Tribunal Supremo obliga a que en las revisiones que cada tres años deben realizarse de las líneas eléctricas se haga constar si hay peligrosidad para las aves. Algo que hasta ahora no sucedía. La sala de lo contencioso administrativo sienta así jurisprudencia y obliga a los Servicios de Industria Provinciales a no admitir verificaciones, ni certificaciones de inspección, si no se reflejan defectos graves o no se han llevado a cabo medidas de salvaguarda de la fauna.
Si existe riesgo grave para los animales la Administración podrá sancionar y obligar a corregir esas deficiencias, explican desde la Sociedad Valenciana de Ornitología que ha recibido la respuesta judicial con enorme satisfacción.
El fallo, además, debe aplicarse con carácter retroactivo en todos los tendidos existentes, estén dentro o fuera de las Zonas de Protección para la Avifauna. En estas últimas incluso se podrá paralizar la línea, mientras que en el resto habrá un período de seis meses para subsanar las carencias. Todo un logro para los colectivos ecologistas, que llevan años denunciando «la inacción de las Administraciones Públicas a la hora de penalizar y exigir a las compañías que cumplan con lo establecido por ley».
La resolución del alto tribunal llega tras el recurso de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) contra el Real Decreto 542/2020, por el que se obliga a integrar aspectos preventivos en las infraestructuras existentes o las que están por construirse. Algo ya contemplado en 2000, aunque desarrollado reglamentariamente dos décadas después. La Sociedad Valenciana de Ornitología y la Asociación de Defensa de las Aves del Sur de València (Adensva), carentes de recursos económicos para poder litigar como parte, remitieron al Supremo un correo electrónico exponiendo la legislación vigente y la opinión de los expertos jurídicos más acreditados respecto a la electrocuciones de avifauna salvaje.
Obligaciones legales
En su argumentación, las dos entidades conservacionistas, aluden a que el cumplimiento del decreto ha de ser exigible en todo el territorio «circulen por donde circulen» (los pájaros) . «Las Zonas de Protección solo son enclaves donde priorizar una serie de actuaciones, pero donde se den electrocuciones aunque sea fuera de esos espacios también hay obligaciones legales para evitar nuevos daños ambientales», comentan. Punto en el que se remiten al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que recoge los principios de desarrollo sostenible, de protección ambiental o de asunción de costes en caso contrario, así como la preservación de la biodiversidad.
En la resolución del máximo órgano judicial se recuerda toda la jurisprudencia previa que obliga a «establecer controles que permitan detectar o contribuir a evitar aquellas circunstancias que pudieran dar lugar a la aparición de riesgos y mitigar las consecuencias de posibles accidentes». Algo que también incluye «a la flora, fauna, bienes o al medio ambiente y en particular los incendios, explosiones y otros hechos susceptibles de producir quemaduras, intoxicaciones, envenenamiento o asfixia, así como electrocución». El Supremo desestima la petición de las eléctricas, con la justificación de que los apartados del decreto que se pretende recurrir «son ajustados a derecho». Además, condena a Aelec a pagar las costas procesales.
Más de 3.000 puntos de apoyo corregidos en 2020
Emergencia Climática y Transición Ecológica aseguraba hace unos meses que en 2020 se corrigieron más de 3.000 puntos de apoyo de líneas eléctricas en todo el territorio valenciano, al tiempo que anunciaba más acciones ante la mortandad «alarmante» , tal como denuncian las asociaciones conservacionistas. El año pasado en Onda fallecieron electrocutadas 17 cigüeñas y el 90% de las muertes de búho real en Castelló son por esta causa. El águila perdicera, especie vulnerable, ha visto reducida seriamente su población en una década por electrocución.
