Es una ayuda de mínimos. Es la medida estrella del Gobierno ante la pandemia y la cuantía media es de 172 euros por persona o 436 euros por hogar. Es una prestación diseñada para los más vulnerables que, sin embargo, solo llega al 7,72 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en la Comunitat Valenciana (la media estatal es del 8%). Y es que tres de cada cuatro solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han sido denegadas y casi 100.000 están pendientes de resolver a nivel nacional. En la Comunitat Valenciana 95.955 personas cobran el IMV y 43.365 hacen lo propio con la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), la prestación autonómica diseñada para los más vulnerables en una comunidad autonómica con casi 5 millones de habitantes y una tasa de población en riesgo de pobreza que supera el 24%. Así consta en un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales - con los datos de octubre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- que asegura que "la complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos como causa de tantas denegaciones".

"Del total de solicitudes sólo se han aprobado una de cada 4, un 27%. Una cifra que no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo, ni a las necesidades de la población más afectada económicamente por las consecuencias de la pandemia. Si bien es necesario recalcar que las sucesivas modificaciones del RDL que regula el IMV han propiciado un aumento de resoluciones positivas: si en 2020 las resoluciones positivas fueron el 15,3%, en 2021 hasta marzo fueron el 27,9% y hasta septiembre el 30,4%", destaca el informe.

Hasta septiembre 2021, se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, mientras que quedan casi 100.00 aun sin resolver (97.513). De las solicitudes resueltas, 337.000 han sido aprobadas y 888.000, denegadas. "Las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos. El propio Ministerio, en respuesta a través del Portal de Transparencia, a solicitud de nuestra Asociación, reconoce que el 60% de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio); hay que tener en cuenta que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia; otro 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo", explican desde la entidad.

Es más, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aseguran que los 337.000 expedientes aprobados alcanzan a unas 800.000 personas, de manera que el Gobierno ha cumplido "únicamente con un tercio del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a 2.300.000 personas que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto las 'colas del hambre' deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la 'vacuna contra la pobreza', que es el Ingreso Mínimo Vital".

Reparto de alimentos en València, en septiembre de 2020. F. Calabuig.

En el total de España, las personas beneficiarias del IMV superan ya a las beneficiarias de RRMM (115%), con una gran disparidad entre Comunidades. Así, en Canarias, donde tenían un número muy bajo de perceptores de sus Rentas Mínimas de Inserción, se han multiplicado por 5 (490%), o en Castilla la Mancha casi por 3 (280%), mientras que, en País Vasco, con un potente sistema de Rentas Mínimas, únicamente lo cobra una de cada 4 personas (25%) de las que antes percibían la Renta Mínima, o en Baleares 1 de cada 3 (36%). En comunidades como Madrid (92%) o Aragón (102%) los perceptores del IMV son prácticamente el mismo número que las que percibían sus Rentas Mínimas. "Confiamos en que las modificaciones anunciadas el 18 de octubre por los ministros Escrivá y Belarra incrementen aún más el porcentaje de resoluciones positivas. Y que el debate parlamentario que actualmente se está produciendo en el Congreso de los Diputados mejore la Ley del Ingreso Mínimo Vital y dobleguen al legislativo en sus pretensiones de control al pobre a través de estrictos e injustos requisitos y la complejidad de los procedimientos. Actualmente sólo se ha concedido el IMV a 800.000 personas, poco más de una tercera parte (35%) de los beneficiarios previstos por el Gobierno, que era 2.300.000 personas", añaden desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.