En un problema global, los municipios, los entes administrativos más cercanos a la ciudadanía, quieren tener un papel protagonista. Hasta 300 entidades locales mostraron ayer en València, en el marco del Pacto de las Alcaldías, organizada por el área de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia, su compromiso de alcanzar la «neutralidad climática» en 2050, lo que significa reducir un 80 % las emisiones de CO2, una labor para la que, no obstante, se necesita apoyo financiero y por la que se mira con ansia a Europa.
Los fondos de la UE son para muchas administraciones el respirador con el que impulsar las reformas necesarias en pos de la transición ecológica y se han convertido en un motivo más por el que los ayuntamientos quieren recibir y gestionar de forma directa este dinero.
Lo expresó de manera clara el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, quien consideró «imprescindible» una coordinación entre ayuntamientos y diputaciones «para recibir estos nuevos fondos europeos». Así, indicó que esto debía hacer «en conexión directa con la Oficina de Representación Permanente en Bruselas y la Comisión Europea».
Gaspar justificó la capacidad de los ayuntamientos para gestionar esta inyección económica y sacó pecho de las «cuentas saneadas» y la «reducción de deuda a mínimos históricos». «Podemos ser partícipes desde nuestra mayor fortaleza respecto a otras instituciones», señaló el también alcalde de Faura quien, «además, aprovechó para pedir acabar con tanta burocracia que nos paraliza la gestión».
De momento, desde la Unión Europea se convocarán ayudas para que los municipios, especialmente los más pequeños, puedan elaborar sus planes de actuación para la transición ecológica, según explicó Miguel Morcillo, responsable de la Oficina del Pacto de las Alcaldías. En la Comunitat Valenciana son 393 municipios adheridos a este pacto de los que, en la provincia de Valencia, 203 cuentan con su plan de actuación climática elaborado, uno de cada tres de la provincia.
"Es una historia de éxito", ha reivindicado Joan Aguado, jefe de Sección Cambio Climático de la corporación provincial quien ha destacado que la entidad se puso de "coordinadora territorial" del pacto. Así, ha recordado que la última vez que estuvo Morcillo en València fue en 2015, en aquel momento, ha indicado que eran 17 los ayuntamientos adheridos al pacto en la provincia y hoy son 242. "Cuánto ha cambiado la historia", ha señalado.
En este sentido, ha desgranado algunas medidas como las ordenanzas conjuntas para que los ayuntamientos se sumaran para bonificar el IBI o el IAE a quienes pusieran placas fotovoltaicas o el desarrollo de ordenanzas que facilitasen su implantación.
Por su parte, la vicepresidenta de la entidad y responsable del área de Medio Ambiente, Maria Josep Amigó, ha destacado la implicación de la corporación valenciana en la lucha contra el cambio climático a través de la estrategia Reacciona, con “una inversión de más de 30 millones de euros en dos años en iniciativas de ahorro energético, movilidad sostenible, gestión responsable del agua y los residuos, conservación de espacios naturales y prevención de incendios forestales”.
Las mencionadas ayudas europeas para los planes de acción no serán las únicas recepciones monetarias que podrían llegar a los ayuntamientos desde Bruselas en relación con el cambio climático. Morcillo aseguró que hay fondos Feder de cohesión que irán vinculados al Pacto de las Alcaldías que podrían llegar hasta las corporaciones locales, pero recordó que estos «han de ser pedidos de manera proactiva por parte de las comunidades autónomas».
«Para que este dinero llegue debe haber una conexión interadministrativa», incidió, al tiempo que destacó en esta labor a las diputaciones. «Son las que pueden reunir las necesidades municipales», sentenció.
