La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) y el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) -en el que se integra también Aerte- han saltado ante la posibilidad de que el Gobierno incluya entre las enmiendas vetadas a los Presupuestos Generales del Estado la propuesta para reducir el IVA de todos los servicios de atención a la dependencia del 10 al 4 %.
Hasta ahora, para que ese IVA sea de un 4 % la persona en cuestión debe estar en una plaza pública o concertada, o que reciba una ayuda pública. En caso de que esté en lista de espera para la resolución de su expediente y hayan de acudir a un centro privado, deben pagar un 10 % de IVA.
Ante ello, el PP, PDdCAT y ERC han presentado una enmienda a los presupuestos para que esos servicios también paguen un 4 % de IVA. Sin embargo, CEAPs emitió un comunicado ayer en el que alertaba de que tenían un «temor fundado» a que el PSOE vete dicha enmienda. «Por justicia social, el PSOE no puede vetar una enmienda que acabaría con una discriminación histórica hacia las personas mayores», lamentaron en el mismo escrito desde el círculo empresarial, que insisten en que «esta enmienda permitiría que las personas que por su pérdida de autonomía personal necesiten vivir en residencias, acudan a un centro de día o reciban cuidados en el entorno, paguen el mismo tipo de IVA por el mismo servicio».
Llamamiento a los partidos
«Es el momento de que todos los partidos políticos se unan y se pongan del lado de las personas mayores. No hacerlo equivaldría a darles la espalda y perpetuar una anomalía de la Ley de la Dependencia», denunció la presidenta de la patronal de residencias, Cinta Pascual, que recalcó que no aprobar la enmienda supondría «un retroceso histórico».
En este sentido, CEAPs ha argumentado que el IVA debería gravar un producto o servicio en función de su naturaleza, no de quien lo paga, y que por ese motivo no debería haber dos tipos distintos de IVA en función de si paga la Administración Pública o si paga el ciudadano.
«Creemos que se está castigando dos veces a las personas dependientes. Primero, por el gran retraso en resolver la ayuda y, en segundo lugar, por obligarte durante ese tiempo a pagar un 6 % más de impuestos. Esta situación hay que arreglarla de manera definitiva por justicia social», lamentó el presidente de Aerte, José María Toro.
