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Los dos alcaldes socialistas declaran en Dénia por su vacunación irregular

El matrimonio formado por estos dos primeros ediles no ha querido hacer manifestaciones a su llegada, pero sí el alcalde de Pego, que ha acudido para apoyarles

Acuden a declarar los alcaldes de Els Poblets y El Verger por su vacunación irregular DAVID REVENGA

El matrimonio formado por los alcaldes socialistas de Els Poblets y El Verger, Carolina Vives y Ximo Coll, han llegado esta mañana a los juzgados de Dénia para declarar por su vacunación irregular contra el covid rodeados por una gran expectación mediática. No han querido hacer declaraciones. Sí ha acudido el alcalde de Pego Enrique Moll para apoyar a la pareja: "Es un linchamiento moral y político porque no había ningún protocolo respecto a las vacunas que sobraban".

La Fiscalía de Alicante considera que tanto ellos como el primer edil de La Nucía, Bernabé Cano (PP), se aprovecharon de su cargo para vacunarse contra el covid cuando no les correspondía por turno. Contra los tres ha presentado denuncia por un delito de cohecho al entender que recibieron la primera dosis «por la especial posición y poder que el cargo les otorgaba, siendo éste lo único que les dio acceso a la vacuna».

Preguntado Enrique Moll sobre el caso de Bernabé Cano ha manifestado que "no sé exactamente lo que pasó".

Entre los cinco citados a declarar este lunes primero ha sido el director del departamento de Salud de la Marina Alta, Luis Carretero, quien ha asegurado que fue el personal sanitario quien decidió a quién llamar para administrar las vacunas y que el protocolo en ese momento era distinto al que después se aplicó.

Prevaricación o incluso malversación

Las denuncias dejan abierta la puerta a que en el curso de la instrucción judicial «se pueda ampliar la imputación a otras personas que hubieran intervenido en el supuesto de demostrarse una especial connivencia (por propia iniciativa) con los denunciados, en cuyo caso se valorarían otros posibles delitos», según recogía la nota difundida en su momento por la Fiscalía. Entre estos cargos podría estar el de prevaricación o incluso el de malversación.

Cabe recordar que, tal y como publicó este periódico, la juez ve indicios de delito en la vacunación del alcalde de La Nucía.

Los tres políticos denunciados son «relevantes y conocidos cargos públicos en el ámbito geográfico de la residencia o el centro sanitario donde se les suministró la vacuna». Y existe la «aceptación» por parte de ellos «de una dádiva o regalo dado que no cabe otra interpretación por la fecha en que recibieron la vacuna», en uno de los picos de la pandemia, «sin cumplirse los criterios de priorización establecidos».

El fiscal Pablo Romero, quien ha llevado la investigación, archivó las diligencias para los otros seis cargos públicos de los que también se indagaron las circunstancias en que se les administró la vacuna: el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui; el vicario general, Vicente Martínez; el diputado responsable del centro Doctor Esquerdo de la Diputación, el popular Juan Bautista Roselló; el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Orihuela, José Galiano, del PP; el excomisionado de Sanidad de Torrevieja y edil socialista de Benejúzar, José Antonio García Gómez; y quien fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Dénia, Cristina Morera, del PSPV, que dimitió por estos hechos. También se archivaron para la hermana y el cuñado del obispo.

Suspensión de cargo público

El artículo 422 del Código Penal, por el que se han presentado las denuncias, establece penas que van de seis meses al año de prisión y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años «a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera por sí o persona interpuesta dádiva o regalo que le fueran ofrecidos en consideración de un cargo o función».

Cano recibió la primera dosis el 6 de enero en una residencia de mayores de La Nucía cuyo acceso estaba restringido y a la que el político se desplazó en compañía de otras personas cuando estaban procediendo a la vacunación de los internos. Al saltar la noticia , el PP, que le ha abierto expediente, dijo que tanto el alcalde como su concejal de Sanidad (que no ha sido denunciado) se vacunaron bajo la autorización de los responsables del área de salud.

En el caso de Vives y Coll, también inmunizados en los primeros días en enero, ambos alegaron que se les llamó porque sobraban dosis. Los dos políticos socialistas, suspendidos cautelarmente de militancia, se vacunaron en su centro de salud junto al jefe de la Policía Local de El Verger y a otros cuatro policías y guardias civiles, según confirmó en su momento el propio Coll.

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