Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Alfonso Grau y cuatro años para cada uno de los 49 concejales y asesores acusados de pitufeo

La Fiscalía Anticorrupción pide quince años de cárcel para el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, por capitanear y dirigir una “operativa criminal de entregas de dinero por empresarios” y una “maquinaria” para blanquear dinero de contenido ilícito, según el escrito de acusación del Ministerio Público, que acaba de hacer público la Fiscalía Provincial de València, en la pieza A del caso Taula que ha investigado el dopaje electoral del grupo municipal popular del Ayuntamiento de València durante las campañas electorales de 2007, 2011 y 2015. 

Grau se enfrenta a las acusaciones de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos (petición de 5 años de cárcel), cohecho (4 años de cárcel) y blanqueo (6 años de prisión) por los que suma la petición de 15 años de prisión. Junto a él, aunque con penas menores, se sentarán en el banquillo por presunta malversación de caudales públicos el exconcejal y exdirector de varias fundaciones municipales, Eduardo Santón, y el exdirector de la Fundación Valencia Turismo Convention Boureau, José Salinas. Anticorrupción pide para ambos la pena de cinco años de cárcel. 

Junto a Grau, comparte protagonismo en la petición de penas por su presunta participación en la maquinaria de presunto blanqueo la exsecretaria del grupo municipal popular, Maria del Carmen García-Fuster, que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por el presunto blanqueo de capitales y otro año más por un presunto delito de cohecho. 

Respecto a los 49 exconcejales y exasesores del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València la Fiscalía Anticorrupción considera que cometieron un presunto delito de blanqueo de capitales en pequeñas cantidades (1.000 euros) por lo que solicita cuatro años de prisión para cada uno.

La Fiscalía Anticorrupción también acusa al Partido Popular, como persona jurídica de un presunto delito de blanqueo de capitales por lo que pide que se condene al partido a una multa de cuatro años con una cuota diaria de 100 euros, que ascendería a 146.000 euros.

La acusación pública considera que las diligencias de investigación de esta pieza del caso Taula han permitido destapar "una operativa criminal de entregas de dinero por empresarios con fuerte vinculación contractual con el Ayuntamiento de Valencia, así como el desvío de fondos públicos provenientes de fundaciones y asociaciones creadas en el seno del ayuntamiento y la obtención y disposición de dinero en metálico de procedencia ilícita vinculada a dádivas, premios, gratificaciones o regalos que eran entregados en consideración a las funciones que desempeñaban altos funcionarios y dirigentes pertenecientes al Grupo Municipal del Partido Popular".

La Fiscalía Anticorrupción también considera que el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València orquestó una "maquinaria dedicada por una parte a obtener dinero de forma ilícita y de otra de hacer aflorar dicho dinero de manera que se desconociese en realidad el origen delictivo del mismo, fundado en el clientelismo político y la corrupción que imperaba en el Ayuntamiento de Valencia dominado en exclusiva por el Partido Popular".