Los problemas judiciales se acumulan para Alfonso Grau, el eterno portavoz del PP en el Ayuntamiento de València hasta que el caso Nóos, del que acabó absuelto, se cruzó en su camino en marzo de 2015. Grau está en libertad desde el jueves, tras pasar seis meses en prisión preventiva por el presunto riesgo de destrucción de pruebas en el caso Azud, que investiga una presunta trama de pago de comisiones a cambio de favores urbanísticos. También está pendiente del recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de València que lo condenó a cuatro años de cárcel por cohecho y blanqueo al considerar probado que recibió dos relojes de un contratista del Ayuntamiento de València y después los cambió por otros más caros en las navidades de 2010 y 2011, con una diferencia de 17.410 que abonó en metálico para blanquear dinero.
Durante el juicio, Grau justificó que tuviera tanto dinero en metálico al dinero que manejaba la consulta de ginecología de su primera mujer, Mª Ángeles González Gudino, fallecida en 2010. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ofrece ahora una explicación a las elevadas cantidades de dinero que presuntamente manejaba el exvicealcalde, «una persona fuertemente vinculada a la alcaldesa Rita Barberá, fallecida, y con poder para favorecer o perjudicar contrataciones en el caso de no atender a sus solicitudes dinerarias» a los contratistas que financiaron de forma opaca las campañas electorales de 2007 y 2011. Según el fiscal del caso Taula, con «las cantidades recaudadas se financió en parte la campaña electoral del Partido Popular en la ciudad de València y otra parte del dinero se incorporó al patrimonio tanto de Alfonso Grau y de su amigo y socio Vicente Sáez Tormo».
La Fiscalía Anticorrupción pide quince años de cárcel para el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, por capitanear y dirigir una «operativa criminal de entregas de dinero por empresarios» y una «maquinaria» para blanquear dinero de contenido ilícito, según el escrito de acusación del Ministerio Público en la pieza A del caso Taula que ha investigado el presunto dopaje electoral del grupo municipal popular del Ayuntamiento de València durante las campañas electorales de 2007, 2011 y 2015.
Según el escrito de acusación facilitado ayer por la Fiscalía Provincial de València, Alfonso Grau se enfrenta en esta causa a la acusación de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos (petición de 5 años de cárcel), cohecho (4 años de cárcel) y blanqueo (6 años de prisión) que suman la cifra total de 15 años de pena. Junto a él se sentarán en el banquillo por presunta malversación de caudales públicos el exconcejal y exdirector de varias fundaciones municipales, Eduardo Santón, y el exdirector de la Fundación Valencia Turismo Convention Boureau, José Salinas. Anticorrupción pide para ambos la pena de cinco años de cárcel. Los tres deberán devolver de forma solidaria al Ayuntamiento de València un total de 1,7 millones de euros por el dinero desviado a través de tres fundaciones municipales.
Junto a Grau comparte protagonismo en la petición de penas por su presunta participación en la maquinaria de presunto blanqueo la exsecretaria del grupo municipal popular, María del Carmen García-Fuster, que se enfrenta a seis años de cárcel por el presunto blanqueo de capitales y otro año por un supuesto delito de cohecho.
Respecto a los 49 exconcejales y exasesores del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València en 2015, la Fiscalía Anticorrupción considera que cometieron un presunto delito de blanqueo de capitales en pequeñas cantidades (por los 1.000 euros que ingresaron y que presuntamente se les devolvió en dos billetes de 500 euros) por lo que solicita cuatro años de prisión para cada uno.
Como novedad respecto a otras piezas, la Fiscalía Anticorrupción también acusa al Partido Popular, como persona jurídica, de un presunto delito de blanqueo de capitales por el que pide que se condene al partido a una multa de cuatro años con una cuota diaria de 100 euros, que ascendería a 146.000 euros.
La acusación pública considera que esta pieza del caso Taula ha permitido destapar «una operativa criminal de entregas de dinero por empresarios con fuerte vinculación contractual con el Ayuntamiento de València, así como el desvío de fondos públicos provenientes de fundaciones y asociaciones creadas en el seno del ayuntamiento y la obtención y disposición de dinero en metálico de procedencia ilícita vinculada a dádivas, premios, gratificaciones o regalos que eran entregados en consideración a las funciones que desempeñaban altos funcionarios y dirigentes pertenecientes al Grupo Municipal del Partido Popular». La Fiscalía Anticorrupción también considera que el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València orquestó una «maquinaria dedicada por una parte a obtener dinero de forma ilícita y de otra de hacer aflorar dicho dinero de manera que se desconociese en realidad el origen delictivo del mismo, fundado en el clientelismo político y la corrupción que imperaba en el Ayuntamiento de València dominado en exclusiva por el Partido Popular».
Presunto enriquecimiento personal del exvicealcalde
Los problemas judiciales se acumulan para Alfonso Grau, el eterno portavoz del PP en el Ayuntamiento de València hasta que el caso Nóos, del que acabó absuelto, se cruzó en su camino en marzo de 2015. Grau está en libertad desde el jueves, tras pasar seis meses en prisión preventiva por el presunto riesgo de destrucción de pruebas en el caso Azud, que investiga una presunta trama de pago de comisiones a cambio de favores urbanísticos. También está pendiente del recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de València que lo condenó a cuatro años de cárcel por cohecho y blanqueo al considerar probado que recibió dos relojes de un contratista del Ayuntamiento de València y después los cambió por otros más caros en las navidades de 2010 y 2011, con una diferencia de 17.410 que abonó en metálico para blanquear dinero. Durante el juicio, Grau justificó que tuviera tanto dinero en metálico al dinero que manejaba la consulta de ginecología de su primera mujer, Mª Ángeles González Gudino, fallecida en 2010. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ofrece ahora una explicación a las elevadas cantidades de dinero que presuntamente manejaba el exvicealcalde, «una persona fuertemente vinculada a la alcaldesa Rita Barberá, fallecida, y con poder para favorecer o perjudicar contrataciones en el caso de no atender a sus solicitudes dinerarias» a los contratistas que financiaron de forma opaca las campañas electorales de 2007 y 2011. Según el fiscal del caso Taula, con «las cantidades recaudadas se financió en parte la campaña electoral del Partido Popular en la ciudad de València y otra parte del dinero se incorporó al patrimonio tanto de Alfonso Grau y de su amigo y socio Vicente Sáez Tormo».
