Salvado (no sin tensión) el acuerdo del Consell sobre los presupuestos de la Generalitat de 2022, al Botànic le queda pendiente cómo salvar las diferencias sobre la implantación en la Comunitat Valenciana de la conocida como tasa turística, es decir, el impuesto que grava las pernoctaciones en alojamientos turísticos como ya han implantado Cataluña y Baleares. Como el Guadiana, el asunto entra y sale del debate político cada año en el marco de la negociación presupuestaria como una demanda de Unides Podem y Compromís ante la que el PSPV se muestra renuente. Este año, la presión a los socialistas subió enteros cuando la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra y el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, convirtieron en un asunto de Gobierno algo que hasta ahora había quedado en el seno de los grupos parlamentarios.

La vía para enganchar la tasa turística era a través de la ley de medidas, más conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos, pero, pese al golpe de efecto de Oltra e Illueca, el texto pasó por el pleno del Consell sin cambios en los tributos. La discusión se dejó para el trámite parlamentario y el momento ha llegado. Hoy se acaba el plazo para que los grupos presenten sus enmiendas a esta ley y para cumplir el pacto no escrito de que los grupos que sostienen al Botànic presenten enmiendas conjuntas y no por su cuenta para evitar imagen de fractura. La negociación entre PSPV, Compromís y Unides Podem se prolongó a lo largo del día de ayer y sigue pendiente de cerrarse, aunque las posturas divergen. El PSPV ofrece un acuerdo político sobre la tasa turística, pero ve prácticamente «imposible» que este se plasme en una enmienda a la ley de acompañamiento. Por su parte, Compromís y Unides Podem defendieron ayer que hay margen para el acuerdo sin descartar presentar la enmienda sin los socialistas.

Manolo Mata (PSPV) sostuvo que los tres grupos están de acuerdo en el fondo (la regulación del impuesto), aunque calificó de «extraordinariamente complejo» plasmar una solución técnica con tan poco tiempo. Hay consenso en que la tasa sea de ámbito municipal y voluntario, pero al no existir regulación estatal habría que crear un impuesto autonómico para luego bonificarlo y aplicarle una moratoria. De hecho, en la negociación se llegó a hablar de una de veinte años.

«El acuerdo es prácticamente imposible de hoy a mañana», dijo Mata, quien insistió en que hay que escuchar al sector para una regulación con garantías jurídicas.

El PSPV, que no cree que tras una crisis pandémica sea el momento de incorporar este impuesto, está dispuesto a un compromiso formal y público con sus socios para regular el impuesto, por ejemplo, con el anuncio de una futura ley específica. Compromís y Podem, sin embargo abogaban ayer por una «fórmula» que permita incluir en la enmienda todos los matices. Con todo, el ambiente, a diferencia de otros años, no es tenso. «No hay línea rojas», apuntó Pilar Lima (Unides Podem).