La Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión para el propietario de una agencia de viajes que será juzgado en las próximas semanas en la Audiencia Provincial de Murcia acusado de apoderarse de los 283.600 euros que 652 estudiantes de doce provincias españolas, entre ellas Valencia y Alicante, le entregaron para un viaje de estudios a Palma de Mallorca que suspendió la misma noche en que estos iban a iniciarlo.
Las conclusiones provisionales del ministerio fiscal piden a la sala que juzgará los hechos que condene también a este hombre, David M. Z., a devolver a los alumnos las cantidades recibidas.
Señala la acusación estatal que los estudiantes perjudicados residen, en su mayor parte, en Valencia, Alicante, Murcia y Cuenca, aunque también los hay de Casteló, Madrid, Guadalajara, La Rioja, Córdoba, Sevilla, Tarragona y Barcelona.
Y añade que cada uno de ellos entregó al acusado alrededor de 500 euros por el viaje, que estaba previsto saliera de València los días 21 y 25 de junio de 2013, con regreso, respectivamente, el 28 de junio y el 2 de julio de ese año.
Dice también el fiscal que la misma noche en que los afectados iban a iniciar la excursión recibieron un mensaje del denunciado en el que les comunicaba la suspensión del mismo, mientras que poco después solicitaba la declaración de concurso de acreedores, que fue aprobada por un juzgado de lo Mercantil de València en junio de 2014.
Dicen así mismo las conclusiones provisionales que la empresa del acusado, "G.D.O, S.L.", que figura en las actuaciones como responsable civil subsidiaria, fue constituida en València en 2009 y que su objeto social era, inicialmente, el de la actividad publicitaria, aunque dos años después se amplió el mismo para incluirla también como agencia de viajes.
Testificarán 40 estudiantes
A lo largo de las sesiones del juicio no serán todos los perjudicados los que declaren como testigos, al haber aceptado las partes personadas en el proceso la propuesta de que sean solo cuarenta, 22 de ellos propuestos por el fiscal y los otro 18 por sugerencia de las acusaciones particulares, los que testifiquen al considerar que el testimonio de los demás no es preciso para esclarecer los hechos.
En la causa figura como responsable civil directa la compañía de seguros Axa, pero solo hasta el límite fijado en su día en el contrato de aseguramiento con la empresa, que se eleva a 180.300 euros.
El juicio está previsto que se prolongue hasta los primeros días de febrero de 2022, según el calendario fijado por la Audiencia Provincial de Murcia, que desarrollará la vista en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia por ser el de mayor capacidad de todos los espacios disponibles.
