Como si de una metáfora se tratara, el Castell de Riba-roja de Túria fue el escenario donde reflexionar sobre las ciudades del futuro: el lugar fundacional de la actual ciudad del Camp de Túria aglutinó un buen número de ideas sobre cómo funcionarán las urbes del futuro desde esta incomparable fortaleza que ha sido testigo del devenir de la sociedad desde hace un milenio. Fue gracias al foro organizado por Levante-EMV en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11: Ciudades y comunidades sostenibles. En estos encuentros, que el diario organiza desde hace dos años, se busca aterrizar el mensaje universal de la ONU al entorno más cercano donde debe aplicarse, y en este caso, a la reflexión sobre cómo hacer las urbes más sostenibles se unieron agentes sociales y empresariales para abordar el debate desde diversos puntos de vista. La gestión política, la recogida y tratamiento de residuos, la logística, la arquitectura, los servicios urbanos, el turismo y el tejido asociativo fueron los seis ejes sobre los que pivotó el debate.
¿Cómo hacemos que nuestras ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles? El denominador común fue uno: se necesita una sociedad civil concienciada y movilizada, que sea el motor del cambio, siempre con el apoyo de la Administración, que debe escucharla y tomar las decisiones en última instancia. Ya hay muestras de ello: la Agenda Urbana, que fomenta el asociacionismo y el diálogo social; las ayudas a la rehabilitación de vivienda, en lugar de consumir nuevos suelos, los fondos europeos que ayudarán a investigar el uso de nuevos combustibles en la logística e incluso el consumo responsable, tanto de proximidad como de reciclar y recuperar lo adquirido y desechado. Las empresas, como la política, se mueven al vaivén social.
Con el patrocinio de Facsa, la Autoridad Portuaria de València y Caixa Popular, y la colaboración en esta ocasión del Consorcio Valencia Interior (CVI) y el Palacio de Congresos de Valencia, los ponentes no escatimaron en reflexiones e ideas. Moderados por el periodista de Levante-EMV Julio Monreal, fue el alcalde de Riba-roja y presidente del CVI, Robert Raga, quien arrancó con una intervención que sirvió para comparar lo que se hizo y lo que se hace. Raga recordó que Riba-roja acogió uno de los vertederos más agresivos que se construyeron en la C. Valenciana, Basseta Blanca, «el ejemplo de lo que no hay que hacer». Una zona rústica comprada en los años 80 por el Consell que a día de hoy no se ha conseguido restaurar, aunque sí sellar.
En sí mismo, Basseta Blanca representa aquello que se hizo que dista muchísimo de las acciones que hoy día se llevan a cabo en materia de residuos. «Ahora, a través de los consorcios y en el caso del CVI, con dos plantas de tratamiento, los residuos se seleccionan y clasifican en las plantas de Llíria y Caudete de las Fuentes, directos del contenedor gris, con maquinaria, tecnología y formación de personal», explicó Raga.
De enterrar y olvidar a reutilizar y reconvertir. El cambio es sustancial, como también ha sucedido en el sector de la logística. En el caso de la Autoridad Portuaria de Valencia, el director de Seguridad y Protección, Rafael Company, aseguró que el desarrollo y la sostenibilidad van de la mano. ¿Cómo? «El puerto es un motor económico, un gran generador de empleo, con una fuerte estrategia ambiental que va hacia la descarbonización, a reducir los gases de efecto invernadero», señaló. Traducido a la práctica, la APV está implementando una red eléctrica donde los buques puedan conectarse en su camino por ‘desconectarse’ de los combustibles fósiles. Incluso se buscan combustibles alternativos, como el hidrógeno. Todo ello, claro, debe ir acompañado de inversiones que en estos momentos penden de los fondos europeos de recuperación. «Al final, redunda en la educación, ya que se genera formación, investigación y se mejora el conocimiento de la APV, y también se mejora la seguridad industrial y laboral», afirmó.
De forma paralela, el organismo también implementa la transformación digital obligatoria ya en cualquier sector social y que además repercute en la mejora de la sostenibilidad. «Se ponen en marcha sensores de calidad de aire y emisiones, y se mejoran las conexiones entre los actores que forman parte de la cadena de transporte, lo que nos permite agilizar las acciones», explicó.
Cambio de conciencia
Las diferentes formas de hacer han sido más plausibles en unos entornos que en otros, pero sin lugar a dudas el urbanismo ha sido uno de ellos. La secretaria del Colegio de Arquitectos de València, Rosa Castillo, confirmó que el giro hacia la sostenibilidad es muy evidente en cuestiones arquitectónicas. Además del urbanismo público, donde los parques, por poner un ejemplo, ya no evitan las inundaciones sino que se hacen resilientes a ellas, la conciencia también ha cambiado en el sector inmobiliario: «Hay un incremento muy importante y conciencia respecto a la rehabilitación por encima de lo nuevo, de aprovechar lo que existe y trabajar sobre ello», aseguró Castillo, quien afirmó que se pueden construir ciudades «inclusivas y sostenibles mejorando las que tenemos».
En este punto, Raga recordó que en Riba-roja las ayudas del plan Renata para la rehabilitación de viviendas están muy solicitadas y se incentivan desde las administraciones locales, porque además, como añadió Rosa Castillo, las planificaciones urbanas también han cambiado y ahora es el suelo, como el agua o la energía, lo que se ha convertido en un «bien escaso que no podemos ocupar indefinidamente». «Cuanto más suelo ocupas, menos bosques y acuíferos quedan, es una cadena que en algún momento habrá que parar», afirmó la arquitecta. De hecho, varía mucho según cada municipio y sus políticas concretas, pero no son pocos los ayuntamientos que han desclasificado suelo que otrora estuvo destinado a nuevas construcciones y que ya no se realizarán.
Castillo afeó la tendencia urbanística de construir en cualquier suelo que nos ha llevado a tener «una cantidad de viviendas irregulares, sin red de saneamiento, por ejemplo, que habrá que ver cómo se ordena». De hecho, no son pocas las políticas autonómicas enfocadas a regularizar estas viviendas y los esfuerzos de la Administración por divulgar la nueva normativa de diseminados con viviendas aún por legalizar.
Instalaciones con visión
Lo que sí se construyó con miras al futuro fue el Palacio de Congresos de València, obra del arquitecto Norman Foster. Así lo expuso su directora gerente, Sylvia Andrés, quien recordó que las placas solares se instalaron en 2008, aún cuando la energía fotovoltaica era casi una utopía. En esta instalación se combinan los negocios y el turismo, y que la infraestructura sea sostenible, suma. «Se eligió a Foster no solo por la estética, también por la sostenibilidad, ya que su diseño palia los efectos del calor, gracias a la separación de las cubiertas del edificio para mejorar su aislamiento», explicó. «Detalles así demuestran que estaba alineado con los ODS antes de que existieran», señaló, y ese énfasis no ha cesado porque ahora las inversiones van en esa misma dirección. Se ha concienciado a la plantilla, pero también al cliente, y hay un programa piloto que mide la huella de carbono de cada evento y propone soluciones: «Evitamos también la cartelería en papel, va todo en digital, apostamos por productos cercanos y tenemos 1.000 habitaciones de hotel a escasos metros, evitando el transporte hasta aquí». Y otro detalle de actualidad más: cambiaron los estanques originales por prados verdes, 1.400 metros cuadrados de jardín, y ya nadie echa de menos las fuentes, «añadiendo además una zona verde», explicó Andrés.
El ingeniero de servicios urbanos del CVI Nacho Gómez, aportó un punto de vista técnico sobre la situación actual: las empresas deben buscar soluciones económicas pero medioambientales. La sostenibilidad puede ser rentable, y eso es evidente precisamente en el tratamiento de residuos. «Una de las cosas que ha ejecutado el CVI ha sido la recuperación de vidrio, algo que no estaba previsto y que sin embargo tiene una gran salida». «El vertedero de Caudete, por ejemplo, genera una cantidad de metano que podría aprovecharse», explicó, pero para ello es necesaria una correcta tecnología. «Son procesos lentos, pero todo va hacia transformar el residuo en recurso», apuntó.
Un punto de inflexión
Fue Julio Huerta, director de la Fundación Horta Sud, quien avisó de la oportunidad que la sociedad tiene frente así: una crisis climática y energética para cambiar conciencias y, por ende, cambiar las cosas. «Nada cambia si la sociedad civil no cambia», aseguró, y por eso explicó cómo desde su asociación se hace por fomentar el espacio público y el tejido asociativo que repercutirá en el barrio, en el municipio y en la comarca. Algo que ya se recoge en la Agenda Urbana 2030 y que desde la asociación se lleva haciendo años. «Fomentamos la concienciación y trabajamos con una idea clara: lo que no se puede medir no se puede mejorar». De ahí el nacimiento de un observatorio «que nos permite medir cómo vamos, cuántos metros de jardín tiene el municipio, carril bici, árboles o placas solares, por ejemplo». Todos esos datos se debaten en una mesa junto a representantes de la mancomunidad, de la diputación y de conselleria, además de la sociedad civil, la llave para que todo cambie. «En los años 80, a colación del ejemplo de Basseta Blanca, ya había una sociedad civil que avisó de lo que se iba a hacer. Si hoy tenemos un parque natural hay que agradecérselo a la Coordinadora de Bosques del Túria, que se movilizó tras el incendio de 1994», concluyó Huerta.
