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La propuesta de la violencia obstétrica del Botànic causa dimisiones en dos hospitales

Sanidad rechaza la enmienda pactada en las Corts

Representantes del Front Abolicionista, ayer, en la protesta frente a la Conselleria de Igualdad. | LEVANTE-EMV

La propuesta suscrita por los grupos parlamentarios del PSPV, Compromís y Unides Podem para considerar la violencia obstétrica como una manifestación de violencia de género y, como tal, incluirla en la ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer de 2012 ha generado rechazo en el ámbito sanitario y de momento, dos dimisiones de responsables de la lucha contra la violencia de género en dos hospitales valencianos.

La enmienda de la discordia busca regular este tipo de violencia que la OMS define como «aquella que sin el consentimiento libre, previo e informado sufren las mujeres durante el embarazo o en el parto al recibir un maltrato físico, humillación, abuso verbal o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos».

Forma parte del paquete de enmiendas pactadas por la izquierda a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2022, pero, pese al consenso inicial, la propuesta ha suscitado dudas en el propio PSPV, así como malestar en parte del Consell y, en particular, en la Conselleria de Sanidad, que ahora tendrá que lidiar con el personal sanitario, en gran medida integrado por mujeres. Por los pronto, la polémica se ha cobrado dos profesionales directamente ligadas al colectivo señalado ya que ambas son ginecólogas y además están directamente implicadas en cuestiones de violencia de género y de defensa de la mujer.

Son Reyes Balanzá, jefa de Ginecología del hospital Doctor Peset e impulsora de la Unidad de Reconstrucción Genital de este centro, que lleva varios años atendiendo a mujeres víctimas de este tipo de agresión y Ana Monzó, especialista del Hospital de la Fe y miembro de la Sociedad Española de Ginecológica y Obstetricia (SEGO).

"Criminaliza" a los profesionales

Ambas han decidido dar un paso al lado y dejar de formar parte de las comisiones de Sensibilización sobre Violencia de Género de sus respectivos departamentos (Balanzá como miembro y Monzó como presidenta) al discrepar de la iniciativa ya que entienden que «criminaliza» a los profesionales. Aunque este periódico no pudo contactar ayer con ninguna de ellas, Monzó dejó clara su posición en un artículo de opinión publicado hace dos meses y en el que rechaza tanto que exista la violencia obstétrica de forma sistémica en la sanidad valenciana como que sea una forma de violencia de género.

Para Monzó la afirmación realizada por la OMS de que es una práctica sistemática y generalizada sobre todo en el parto es «inaudita» ya que se basa en datos «no contrastados de un congreso celebrado 19 años antes» y pone, en contraste, datos del hospital La Fe. «Cada año se realizan unos 5.000 partos. El uso de la episiotomía en 2009 era menor de 50 % y ese porcentaje se ha ido reduciendo hasta el 21,7 % en el último año», apunta Monzó que recuerda que el porcentaje de cesáreas es menor al 30 %. «Tenemos margen de mejora y lamento que algunas mujeres no hayan tenido una experiencia satisfactoria en su parto, pero el informe de la OMS no refleja la realidad». Además, para Monzó «es un error» considerar este tipo de violencia como una forma de violencia de género tipificada como delito en el Código Penal. «Difícilmente la relación entre una gestante y el equipo de profesionales que la atiende puede ser considerada una forma de violencia de género, teniendo en cuenta que nuestro profesión está ampliamente feminizada» apunta.

Para esta ginecóloga, el cambio «únicamente va a contribuir a deteriorar la relación de respeto y confianza mutua entre las mujeres y el conjunto de profesionales».

Al margen de la opinión de esta profesional, lo cierto es que la propuesta ha sentado como un jarro de agua fría en el departamento que dirige Ana Barceló, donde la sensación es que genera confusión y se echa por tierra el trabajo que se está haciendo para «humanizar» el parto y mejorar los protocolos. En medios socialistas, se apuntaba ayer que aunque Barceló supo de la existencia de la enmienda, está en contra de esa regulación. El año pasado la conselleria emitió su criterio desfavorable y no llegó a prosperar.

Y es que la cuestión es controvertida. Desde algunos sectores del feminismo se apuntaba ayer que el problema no es tanto la conceptualización de la violencia obstétrica como una forma de violencia contra la mujer tal como lo define la OMS (y que incluso es generalizada en muchas partes del mundo), sino el hecho de introducirlo en un ley de hace diez años pensada para las agresiones que sufren las mujeres a manos de sus parejas o ex parejas.

En el ámbito estatal, el Ministerio de Igualdad en manos de Unidas Podem , ha mostrado su intención de regularla, pero a través de la reforma de la ley de 2010 sobre interrupción voluntaria del embarazo. Precisamente, Compromís, grupo del que partió la enmienda sobre violencia obstétrica, defenderá mañana en le pleno una proposición no de ley para instar al Gobierno a que contemple medidas en esa ley para erradicar la violencia en el ámbito sanitario con las mujeres gestantes.

Esta proposición, que continúe otra serie de exigencias para garantizar el derecho al aborto, podría ser la vía para hacer decaer la polémica enmienda. Al menos así lo va a pelear el grupo socialista que, aunque apoyó la propuesta en el marco de la negociación de las enmiendas a la ley de acompañamiento, ahora, tras el revuelo, intenta neutralizarla.

Fuentes del grupo socialista señalan que lograron rebajar el texto inicial propuesto por Compromís, en el que se recogía también como violencia obstétrica «el abuso de medicalización y la patologización de los procesos naturales», pero que finalmente tuvieron que ceder.

Aunque se apuntaba a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra como impulsora de esta enmienda, fuentes de este departamento sostuvieron que, aunque no están en contra, la iniciativa partió de las Corts. De hecho, no ocultaron su sorpresa por verse envueltos en la polémica ya que, subrayaron, de haber sido una exigencia de Igualdad, habría estado en el texto que aprobó el Consell. Así, las cosas, se busca ahora cómo reconducir la situación ya que la enmienda aún tardará en votarse. En Compromís se muestran abiertos a hablar.

Representantes del Front Abolicionista del País Valencià se concentraron ayer frente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para reclamar a la vicepresidenta Mónica Oltra que recupere el consenso alcanzado en su momento con el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y que incluya la prostitución y la pornografía en la Estrategia Valenciana contra las Violencias Sexuales.

Puri Lietor, portavoz, ha pedido entrar «en el fondo, más allá de las formas», ya que entiende que la Estrategia «debe afrontar en su integridad todo el espectro de categorías que comprende la violencia sexual». Para el Front, «pornografía y prostitución son escaparates de violencia explícita a los que, a edades cada vez más tempranas, se asoman nuestros adolescentes y esta Estrategia es una oportunidad para derribar los muros que aún hoy invisibilizan la violencia de género y machista», añaden. Fuentes de la conselleria apuntaron que el Consell ratificó en el pleno la aprobación de la estrategia y que esta incluye medidas relacionadas con la prostitución «en función de las competencias autonómicas para luchar contra esta forma de violencia machista» y en cuyo texto trabajó una comisión compuesta por más de una veintena entidades sociales e institucionales.

«Las prioridades se centran en la educación y la recuperación de las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución», señalaron. Así, apuntaron otras medidas como el proyecto Alba o la inclusión de las mujeres prostituidas en la renta de inclusión.

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