Black Friday, puente de la Constitución, comidas de empresa y con amigos y, por último, Navidad. El calendario de eventos en los que van a se van a dar aglomeraciones u «olvidos» de la mascarilla bajo techo son más que numerosos de aquí a final de año, de ahí que el Consell quiera acelerar todo lo posible la puesta en marcha del certificado covid en un momento, además, de repunte de la pandemia.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, puso ayer una fecha límite: el puente de la Constitución. Para entonces, el jefe del ejecutivo espera que el control de acceso vía pasaporte covid esté ya implantado en la Comunitat Valenciana como medio para dar seguridad a quien esté bajo el mismo techo sin distancia ni mascarilla y para recordar a quien no se haya vacunado que debería de hacerlo.
Por ahora, y según concretó Puig, el Consell sigue trabajando para presentar «en los próximos días» un texto legal que pase el primer escollo: el aval previo del Tribunal Superior de Justicia para después aprobarse en la comisión interdepartamental de seguimiento covid.
La aprobación previa por el TSJ es necesaria ya que la obligatoriedad de enseñar este documento conlleva restringir derechos fundamentales en favor del bien común y además no hay un marco legal a nivel estatal al que acogerse.
Varapalo en Euskadi
No todas las normas de este tipo presentadas en España han pasado este trámite previo. Precisamente ayer, el Tribunal Superior de Justicia vasco tiró por tierra la iniciativa del gobierno regional al considerar que el «fin no justifica los medios» ya que implantar el pasaporte covid afectaba no solo a los derechos fundamentales de igualdad e intimidad, sino otros como el derecho de reunión, el derecho a la libertad ambulatoria, ya que se trata de establecimientos públicos a los que en principio debe poder acceder cualquier persona o incluso la libertad de expresión y creación artística, por ejemplo cuando se trata de karaokes.
Y todo pese a que la norma, como está orientada la valenciana, estaba acotada a ciertas actividades y a incidencias por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes.
Autos como el vasco suponen un aviso a navegantes de lo que puede pasar aunque también hay autonomías como la gallega o la catalana donde la norma sí ha pasado este cuello de botella del TSJ de ahí que cada día sean más las voces que pidan un acuerdo estatal para dar uniformidad.
El texto que están depurando en el Consell marcará cómo, cuándo y dónde se deberá exigir este pasaporte covid como control de acceso aunque todo apunta, por las propias palabras de Puig, que será en lugares como restauración y locales de ocio donde se está bajo techo y se prescinde de la mascarilla para comer y beber y además en ciertos escenarios marcados por la incidencia, como se proponía en Euskadi, algo que también pedían desde los propios sectores afectados.
Puig insistió ayer en que la norma busca ser un «garante» para esos espacios «cerrados» y en los que no se puede mantener distancia ni se hace un uso correcto de la mascarilla, uso que el president recordó que es «absolutamente obligatorio en espacios cerrados y en abiertos donde no se puede mantener la distancia».
Por otra parte, el presidente de la Generalitat aseguró que la Comunitat Valenciana está «preparada» por si la Ponencia de Vacunas aprueba la vacunación anticovid en menores de 12 años, cuestión que ahora está valorando.
