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El territorio valenciano contará con un 40 % menos de agua dentro de 30 años

Puig defiende ante la ministra Ribera en una jornada en Alicante que el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable y pide «una transición hídrica justa»

La ministra Teresa Ribera, en su intervención ayer en Alicante. | ALEX DOMÍNGUEZ

Sí al trasvase Tajo-Segura, aunque sin citarlo ni aclarar cómo va a afrontar el Gobierno el impacto económico que tendrá para los agricultores valencianois el coste del agua desalada en Torrevieja, que Acuamed cobra ya a 0,81 euros/m y puede superar con creces el euro a partir de 2022.

La vicepresidenta Teresa Ribera, responsable del Ministerio para la Transición Ecológica, desaprovechó ayer la oportunidad en Alicante para acercarse a los regantes y aclararles cuál es el futuro que les espera con un trasvase que enviará cada año menos agua debido a la reducción de hasta un 40% del «agua fresca» (textual) en el Mediterráneo (recursos hídricos propios), por los efectos del cambio climático.

Palabras de la ministra Ribera, que aseguró que su compromiso es solucionar el problema para el medio y sobre todo largo plazo, pero desde una perspectiva global y en un escenario marcado por la disminución de los recursos hídricos.

La vicepresidenta subrayó que mantiene un contacto permanente que los regantes y puso como ejemplo la negociación de la tarifas del agua del Tajo-Segura, cada vez más escasa y que deberá ser sustituida por agua desalada, de la que ayer no tocaba hablar.

El Museo de Arte Contemporáneo acogió ayer lunes una jornada en la que se analizó el futuro del agua y, en concreto, en el Mediterráneo, la «zona cero» del cambio climático como recordó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que pidió que la gestión de agua sirva para vertebrar pueblos. Palabras precedidas por la intervención de la vicepresidenta Teresa Ribera que insistió en su mensaje, sin citar para nada la palabra desalación, de que en 2050 la disponibilidad de agua «fresca» se habrá reducido en el Mediterráneo y por tanto en territorio valenciano un 40 %.

«Nos vamos a tener que manejar en escenarios extremos», insistió Ribera, que explicó que existe una «gran diferencia con ejercicios de planificación pasados», porque, según afirmó, en estos momentos «hay que estar preparados para escenarios de inundaciones o de sequía máxima», apuntó la vicepresidenta.

Ribera señaló que hasta el 75 % de España podría estar en riesgo de desertificación, así como que 27 millones de españoles podrían vivir con escasez de agua en 2050, por lo que «si no se toman medidas, las sequías afectarán a un 70% más del territorio».

Garantizar la interconexión

Para la vicepresidenta, la «gran apuesta hídrica» del Gobierno debe ser «garantizar la buena interconexión entre todos los volúmenes en cada una de las cuencas» españolas, para conseguir que todas estén «perfectamente interconectadas», algo que «hoy por hoy no existe», y que se ha convertido «en un desafío para las confederaciones del sureste, como el Júcar y el Segura».

Por su parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, enfatizó que la provincia de Alicante está «en la zona cero» del cambio climático, por lo que el momento actual «obliga a más actuaciones y menos sobreactuaciones».

Ximo Puig se mostró firme en la defensa del Tajo-Segura, parafraseó al climatólogo Jorge Olcina, al preguntarse «qué tiempo tenemos», y volvió a apostar por conjugar los trasvases -no se olvidó tampoco el Júcar-Vinalopó para el que anunció una inversión de 25 millones de euros- con otras fuentes de recursos como la reutilización de aguas residuales y la modernización de los regadíos.

«Tenemos un problema y no tenemos un planeta B, pero para solucionar este tema resulta fundamental hacerlo desde el consenso y evitar las guerras del agua y los frentismos que no conducen a nada». El presidente se refirió a los trasvases como infraestructuras «básicas» para garantizar agua a la provincia de Alicante, y en este sentido reiteró la irrenunciabilidad del Tajo-Segura. El jefe del Consell destacó que la «geografía agraria» de la Comunitat Valenciana, donde más de 80.000 personas viven directamente de la agricultura, requiere «soluciones sostenibles» tanto medioambientales como en el tiempo y en costes, porque la «transición hídrica también tiene que ser justa».

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, reivindicó, con firmeza y datos en la mano, la continuidad del trasvase Tajo-Segura porque sin el agua del Tajo tiene comprometido su futuro energético y ambiental.

Barcala subrayó que la alternativa de la desalación sobre el trasvase es inviable, recordando que cada metro cúbico del trasvase supone un coste de un kw/hora mientras que producir un metro cúbico de desalada cuesta cuatro kw/hora.

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